10 RAZONES PARA NO VOTAR POR SANTOS

Las FARC estaban condenadas al olvido y a la derrota militar y mediática. Santos promovió su repotenciación militar, política e internacional

10 razones para no votar por Santos

Juan Manuel Santos posa al lado de la imagen del Che Guevara
Juan Manuel Santos posa al lado de la imagen del Che Guevara

Señor Director:

Restan menos de dos semanas para la segunda vuelta presidencial, tiempo para pensar en las consecuencias de nuestro voto. Parte del 60% del abstencionismo del pasado 25 de mayo obedeció al mediocre nivel de nuestra clase política y su desconexión con las preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, gran parte del problema está en la apatía del pueblo hacia la democracia, pues tampoco se motiva a votar masivamente en blanco. No es consciente de lo que está en juego para el país. Ahora quedan dos candidatos a la presidencia, y es importante que sepamos las consecuencias en caso de apoyar al presidente en su reelección. Éstos son los riesgos:

1.INEFICACIA. Al iniciar el gobierno, Santos tenía cuatro retos importantes: la financiación de la salud, la calidad y cobertura de la educación, la oportunidad de la justicia, y el desarrollo rural. En ninguno de los cuatro mostró avances significativos. En el primero, presentó una propuesta cuestionable  que se ‘durmió’ en el Congreso para no tocar intereses riesgosos para la reelección. En educación, en 2011 presentó una propuesta privatizadora de la educación pública y tuvo que recular ante las marchas de los universitarios. La reforma a la justicia fue un monstruo que beneficiaba a los magistrados de las altas cortes mejorando sus salarios y pensiones, y tuvo que hundirla el propio gobierno ante el escándalo generado. El agro siguió postrado ante el desconocimiento del gobierno del paro campesino y de las demandas de los agricultores.

2.DETERIORO DE LA SEGURIDAD. Entre 2010 y lo que va de 2014 las FARC y el ELN ejecutaron unas cuatro mil acciones violentas que afectaron directa o indirectamente a 20 millones de personas. Desde 2012, se han perpetrado más de 200 ataques por año contra la Fuerza Pública, el triple que en 2008. Desde mediados de 2010, la violencia de estos grupos ilegales ha afectado más de 350 municipios, incluido el Distrito Capital.

Los atentados contra la infraestructura petrolera en 2013 crecieron un 200% con relación a 2010. Los ataques contra el sistema de interconexión eléctrica pasaron de 24, en 2010, a cerca de un centenar al año. Los retenes ilegales se han venido triplicando desde 2012, con relación a 2010, que fue el último año del gobierno anterior. La guerrilla de las FARC ha retomado el control de zonas que había perdido, como Cauca, Nariño y Putumayo.

3.MERMELADA. Por incapacidad de imponer sus tesis por la vía de la persuasión, o de establecer acuerdos programáticos para lograr las mayorías, el gobierno ha tenido que recurrir a la politiquería reviviendo los auxilios parlamentarios prohibidos en la Constitución de 1991, bajo la forma de ‘cupos indicativos’. Esto es, dinero que el gobierno entrega a cada congresista para que sea ‘invertido’ en proyectos de desarrollo de su región, pero que normalmente termina usado en la compra de votos de los parlamentarios en sus regiones, a cambio de apoyar al gobierno para la reelección.

4.MÁS MERMELADA. En un país donde el 70% de los trabajadores recibe entre uno y dos salarios mínimos, el presidente Santos promovió el aumento del sueldo de los congresistas en casi $8 millones, esto es 13 salarios mínimos; con lo cual los parlamentarios alcanzaron un ingreso mensual de $28 millones, sin contar los auxilios que gozan. Todo esto, como premio a su respaldo a la coalición de gobierno y como un ‘cariño’ para conservar la lealtad de su voto en las siguientes iniciativas gobernativas que sean presentadas.

5.LIBERTAD DE PRENSA. No solo se afecta la libertad de prensa censurándola, sacándola del aire, o persiguiendo a los periodistas críticos del gobierno. También mediante la autocensura, a través de una descomunal pauta publicitaria del gobierno en los medios, que se calcula en $ 3 billones, condicionada a presentar una imagen positiva de éste ante la opinión pública. Asimismo, los dos canales privados de televisión durante estos cuatro años han conservado su porción del mercado, en tanto que el gobierno se ha abstenido de reabrir la licitación del ‘tercer canal’; y, a cambio, la información del gobierno se presenta sin mayor crítica a su gestión o sobredimensionando sus logros. ¿Dónde queda la pluralidad y el derecho a la información de los ciudadanos? Al respecto, la denuncia del periodista Juan Gossaín.

6.INCOHERENCIA IDEOLÓGICA. El presidente Santos fue elegido como defensor de unas tesis (la Seguridad Democrática), y gobernó con otras (las de la nueva izquierda latinoamericana). Era acérrimo contradictor de las dictaduras cubana y venezolana y terminó siendo su ‘nuevo mejor amigo’. Llamaba terrorista a las FARC y los sentó como legítimos interlocutores del Estado y de la sociedad colombiana para dialogar los temas del país. En su elección y posesión llamó a Uribe “el mejor presidente de la historia”, y después lo acusó de corrupto y de paramilitar. Un día destituyó a Petro por “mal alcalde”, y al día siguiente recibió su apoyo para la reelección. Quiénes lo elijan ahora, ¿qué podrán esperar de él?

7.DESPROTECCIÓN DE LA FAMILIA. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, dice el artículo 42 de la Constitución Política, y como tal debe gozar de la protección y defensa del Estado. Santos es partidario del matrimonio, y por consiguiente, de la adopción por parejas del mismo sexo. También se ha declarado a favor del aborto, en los términos establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006.

8.SECTARISMO Y ESTIMATIZACIÓN. Varios sectores han manifestado reparos hacia la forma como se adelanta el proceso de paz en La Habana, a lo que el presidente les ha respondido con epítetos como “guerreristas”, o les ha acusado de ser parte de “una mano oscura” en contra de la paz, o de pertenecer a la “extrema derecha”. Por su parte, Armando Benedetti, miembro de la coalición de gobierno en el Congreso, declaró públicamente que quienes no apoyan la paz “merecen ser fusilados”. De la misma forma, Santos ha calificado a su rival, Oscar Iván Zuluaga, de auspiciador de la guerra por considerar que debe exigirse a las FARC la cesación de actos terroristas para continuar con la negociación. Según el presidente, Zuluaga generara pánico en la ciudadanía al cuestionar la voluntad real de paz de los delegados de las FARC, quienes negocian en Cuba al tiempo que en Colombia incrementan los actos terroristas.

9.APOLOGÍA DEL CRIMEN. Las FARC estaban condenadas al olvido y a la derrota militar y mediática. Santos promovió su repotenciación militar, política e internacional. Las FARC, declarada ‘terrorista’ por EE.UU, Canadá y la Unión Europea y eficazmente combatida por el Estado después el fracaso de los diálogos del Caguán, goza de figuración mundial por sus acciones violentas y por su vocería política en Cuba, mientras el presidente se abstiene de calificarla de terrorista y condenar sus crímenes contra soldados, policías y civiles. Al mismo tiempo, desdeña el legítimo reclamo de justicia de las víctimas.

El gobierno promovió el “Marco Jurídico para la Paz” y la “Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras”, en las que soterradamente se contempla impunidad para crímenes atroces y de lesa humanidad estableciendo “conexidad” con el delito político. Se enaltece a las FARC y al ELN como partes de un ‘conflicto armado’, equiparándolas con las Fuerza Pública legítima del Estado, y se responsabiliza patrimonialmente a éste de los crímenes perpetrados por estos grupos. ¿No es esto una manguala del gobierno con los delincuentes en contra de la sociedad?

10.HÁBIL JUGADOR DE PÓKER. Nunca se ha desestimado la posibilidad de lograr el desmantelamiento de las FARC y del ELN por la vía de la negociación. De hecho así se hizo con las Autodefensas Unidas de Colombia. Si esto contribuye a la paz es bienvenido. El sofisma está en que, con el crimen, no todo puede ser objeto de negociación. El gobierno, como represente de la sociedad, no está moralmente legitimado para negociar los temas sustantivos del país con el crimen. Estos debe negociarlos con las bancadas en el parlamento, y en un diálogo permanente con los diferentes sectores sociales. ¿Cómo puede ser un éxito alcanzar acuerdos sobre política agraria con los principales autores de extorsiones, secuestros, asesinatos y desplazamientos de campesinos durante los últimos 50 años? ¿Cómo puede serlo premiar con impunidad, participación política y medios de comunicación a los perpetradores de crímenes atroces y de lesa humanidad? ¿No es cínico negociar la política anti-drogas con el mayor cartel de narcotráfico del mundo? Lo negociable con los criminales son las condiciones de su sometimiento a la justicia (reducción de penas), a cambio de que éstos pidan perdón a la sociedad, cuenten toda la verdad de sus delitos y reparen a las víctimas con el producto de los ilícitos.

Enrique Saavedra Valdiri

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