!ABSUELVAN AL CORONEL ALFONSO PLAZAS VEGA!
Han pasado casi cuatro años, y la Corte no se ha pronunciado sobre el caso del Coronel Plazas Vega. El sigue privado de libertad, cuando no existe un solo argumento jurídico para que él siga en esa situación. Tampoco existen explicaciones jurídicas que justifiquen la exorbitante demora de la Corte en revocar la condena
Marcha a favor de Plazas Vega (Foto Periodismo Sin Fronteras)
ABSUELVAN al Coronel Alfonso Plazas Vega
Petición a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
El 6 de noviembre de 1985, el grupo terrorista M-19, financiado por Pablo Escobar, se tomó el Palacio de Justicia de Bogota en un intento fallido de golpe de Estado, causando la muerte de más de 100 personas. El Presidente en ese momento, Belisario Betancur, ordenó al ejército recuperar el Palacio, y fue así que el Coronel Alfonso Plazas Vega encabezó la defensa del Palacio, salvando 263 vidas. Luego de una amnistía que indultó todos los delitos del M-19, la Fiscalía inició, en 2007, un proceso contra el coronel Plazas Vega. La instrucción del proceso fue adelantada por la fiscal Ángela María Buitrago, quien acusó al coronel Plazas por la desaparición de 12 personas que supuestamente habían salido con vida del Palacio. Sin embargo, de los 12 desaparecidos, eventualmente 10 fueron ulteriormente identificados, algunos estaban vivos y otros figuraban entre los cadáveres recuperados del Palacio de Justicia el día del atentado. El proceso incluyó testimonios falsos impulsados por un miembro del M-19. Hubo hasta una declaración de la fiscal, quien dijo haber recibido el testimonios de alguien que había participado en la retoma del Palacio. Esa persona desmintió haber hecho tal declaración y explicó que jamás había estado en el Palacio de Justicia. Aun así, en 2010, por esas “pruebas”, el Coronel Plazas fue condenado a 30 años de cárcel.
En el 2012, el Tribunal Superior de Bogotá redujo el número de desaparecidos a dos pero ratificó la condena contra el Coronel Plazas Vega por una mayoría de dos votos contra uno. La sala que ratificó la condena estaba compuesta por tres magistrados, uno de ellos relacionado años atrás con el grupo terrorista M-19, que asaltó el Palacio de Justicia. El otro era hermano de un narcotraficante, delito que el coronel siempre combatió con tesón. Únicamente el magistrado Hermens Darío Lara votó a favor de la absolución del Coronel Plazas Vega, e hizo un salvamento de voto de 250 páginas que explica todos los delitos cometidos en el proceso contra el Coronel Plazas.
El caso pasó a casación ante la Corte Suprema de Justicia desde el 9 de abril de 2012. En diciembre de 2014, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia recomendó que el Coronel Plazas Vega sea declarado inocente. La Procuraduría General de la Nación, desde el 2010, había solicitado frecuentemente la absolución del Coronel Plazas, pero los órganos de justicia han prestado oídos sordos a esa petición. Hoy en día, en la Corte Suprema de Justicia hay seis magistrados que piden la absolución del Coronel Plazas Vega. Sólo dos de ellos, Leonidas Bustos y Eider Patiño, que no niegan siquiera la inocencia del coronel, colocan obstáculos para la dilatación de la absolución. Bien saben los expertos en Derecho, que un fallo condenatorio por parte de los magistrados de la Corte, expondría a éstos a acusaciones de prevaricato en un futuro.
Han pasado casi cuatro años, y la Corte no se ha pronunciado sobre el caso del Coronel Plazas Vega. El sigue privado de libertad, cuando no existe un solo argumento jurídico para que él siga en esa situación. Tampoco existen explicaciones jurídicas que justifiquen la exorbitante demora de la Corte en revocar la condena.
La injusticia que vive tanto el Coronel Plazas como su familia, es también una injusticia contra el pueblo colombiano, quien ve cómo en Colombia ciertos terroristas que participaron en la decisión de asaltar el Palacio de Justicia con el propósito de asesinar los magistrados y atentar contra la democracia ocupan elevados cargos, mientras que el ejército que con honor y valentía enfrentó a los criminales ha sido víctima de una injusta persecusión motivada políticamente. La política no debe estar por encima de la Justicia. Por eso solicito a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que apruebe la ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar y revoque la condena del Coronel Plazas Vega inmediatamente.
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English Version
On November 6, 1985, terrorist group M-19, financed by Pablo Escobar, stormed the Palace of Justice in Bogota, Colombia in an attempted coup, causing the death of more than 100 people. The President at the time, Belisario Betancur, ordered the army to re-claim the Palace. So it was that Col. Alfonso Plazas Vega led the defense of the Palace, saving 263 lives. In 2007, years after an amnesty process pardoned all crimes perpetrated by the M-19, the Attorney General’s Office initiated the prosecution of Col. Plazas Vega, led by prosecutor Angela Maria Buitrago. He was accused of the forced “disappearance” of 12 people, who supposedly had left the Palace alive. Of the 12 people missing, 10 were eventually found, some alive and others among the remains recovered from the Palace the day of the siege. The prosecution relied on the false testimony of an M-19 witness. There was even a statement made by the prosecutor, who claimed to have received testimony from a witness who had participated in the defense of the Palace of Justice. The witness, however, denied having ever made the statement and explained he was not present during the siege. Even so, based on this “evidence”, in 2010, Col. Plazas was sentenced to 30 years in jail.
In 2012, a Superior Court in Bogota reduced the number of “disappearances” to two, but upheld the verdict against Col. Plazas Vega in a 2-1 vote. The panel of judges that upheld the verdict was made up of three magistrates: one had past ties to the terrorist M-19 group that assaulted the Palace of Justice, and another had a brother involved in drug-trafficking, a crime Col. Plazas Vega combated vigorously during his career. Only Judge Hermens Dario Lara voted to acquit Col. Plazas Vega, and wrote a 250-page dissenting opinion that detailed all the crimes committed in the prosecutorial process against him. The case went before the Supreme Court of Justice on April 9, 2012. In December 2014, a Supreme Court Magistrate recommended that Col. Plazas Vega be declared innocent. Since 2010, the Inspector General’s Office has repeatedly requested that the Colonel by exonerated – but the Court has been deaf to his petitions. There are 6 Supreme Court Magistrates calling for the Colonel’s absolution. There are only two, Leonidas Bustos and Eider Patiño – who without denying the Colonel’s innocence – have created roadblocks to delay the ruling. Legal experts well know that, were the magistrates to uphold the guilty verdict, it would expose them to accusations of misconduct in the future.
It has been almost four years, and the Court has not ruled on the matter. Colonel Plazas Vega remains deprived of liberty, even though there exists no legal argument to keep him incarcerated, and there are no legal explanations that would justify the unreasonable amount of time the Court has taken to overturn the guilty verdict.
The injustice to which Col. Plazas Vega and his family have been submitted is also an injustice against all the Colombian people. They have seen that the terrorists that conspired to execute the siege of the Palace of Justice, with the intent to assassinate the magistrates, and in an attempt to destroy the country’s democracy, now hold high political positions. Meanwhile, the members of the Armed Forces that confronted the criminals with honor and courage have been victims of a vicious and politically-motivated persecution. Politics should not be above Justice. For this reason, I request that the Supreme Court of Justice approve the recommendation of Magistrate Luis Guillermo Salazar and overturn the guilty verdict against Col. Plazas Vega immediately.
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Francaise
Le 6 novembre 1985, le groupe terroriste M-19, financé par Pablo Escobar, a pris d’assaut le Palais de Justice de Bogota, dans une tentative de coup d’Etat, causant la mort de plus de 100 personnes. Le président de l’époque, Belisario Betancur, a ordonné à l’armée de reprendre le Palais. Ce fut ainsi que le colonel Alfonso Plazas Vega a entrepris la reconquête du Palais et a sauvé 263 vies. Après une amnistie qui gracia tous les crimes du M-19, un tribunal a ouvert, en 2007, une procédure contre le colonel Plazas. L’instruction a été confiée à Angela Maria Buitrago qui a accusé le colonel de la disparition de 12 personnes qui, selon elle, seraient sortis vivantes du Palais de Justice. Sur ces 12 « disparus », 10 ont été identifiés ultérieurement. Certains étaient en vie et d’autres faisaient partie des victimes dont les corps avaient été retrouvés au palais de justice le jour de l’attentat. Le procès du colonel Plazas a validé des faux témoignages, distillés par un membre du M-19. Il y a eu, en plus, un faux témoignage que la juge d’instruction (fiscal) Buitrago a accepté en disant qu’il venait d’un « témoin » qui avait participé à la reprise du Palais de justice.
Cependant, la personne ainsi impliquée a prouvé qu’elle n’avait jamais été au palais de justice et qu’elle n’avait jamais fait une telle déclaration. Pourtant, en 2010, le colonel Plazas a été condamné à 30 ans de prison sur la base de ces soi-disant « preuves ». En 2012, la Cour Suprême de Justice a réduit le nombre de « disparus » à deux, mais elle a confirmé la sentence contre le colonel Plazas. Cette décision a été prise par trois magistrats à deux voix contre une. L’un de ces trois magistrats avait été lié dans le passé au groupe terroriste M-19. L’autre était le frère d’un trafiquant de drogue, secteur criminel que le colonel Plazas avait toujours combattu avec détermination. Par contre, le troisième magistrat, Hermens Dario Lara, a voté pour l’acquittement du colonel Plazas Vega, et a rédigé l’explication de son vote dans un texte de 250 pages où il dénonce les délits qui avaient été commis au cours du procès du colonel Plazas.
L’affaire est passée en cassation devant la Cour Suprême de Justice de Colombie le 9 avril 2012. En décembre 2014, un magistrat de cette Cour a demandé que le colonel Plazas Vega soit acquitté. En fait, depuis 2010, le Bureau du Procureur Général avait demandé que le colonel Plazas soit acquitté. Les autres instances de justice ont fait la sourde oreille à cette demande. Mais aujourd’hui, à la Cour Suprême, il y a six magistrats qui demandent l’acquittement du colonel Plazas. Deux magistrats seulement, Leonidas Bustos et Eider Patiño, qui ne nient même pas l’innocence de colonel, dressent des obstacles pour retarder l’absolution. Il est clair pour eux qu’une décision de culpabilité dans ce cas exposerait ces magistrats à des accusations ultérieures de prévarication.
Près de quatre années se sont déjà écoulées sans que la Cour Suprême de Justice ait statué sur le cas du colonel Plazas Vega qui est privé de liberté depuis huit ans. Il n’y a plus aucun argument juridique qui permette de continuer à maintenir le colonel dans cette situation. Il n’y a plus la moindre explication juridique pour justifier le temps exorbitant qu’a pris la Cour pour revenir sur la première décision de condamnation.
L’injustice que le colonel Plazas et sa famille sont en train de subir est aussi une injustice contre le peuple colombien, qui voit avec effroi que certains des terroristes qui avaient participé à la décision d’attaquer le palais de justice en 1985 pour assassiner des magistrats et tuer la démocratie sont actuellement en liberté et occupent des positions dans la vie politique du pays tandis que l’armée, qui avait arrêté avec courage l’action de ces criminels, a été victime d’une injuste persécution politique et judiciaire. La politique ne doit pas être au-dessus de la justice. C’est pour cette raison que je demande à la chambre pénale de la Cour Suprême de Justice de Colombie d’approuver la motion du magistrat Luis Guillermo Salazar et de révoquer immédiatement la condamnation du colonel Plazas Vega.
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