EFECTOS DE LAS NEGOCIACIONES CON LAS FARC

Efectos de las negociaciones con las FARC

Señor Director:

El Gobierno Nacional y las FARC vienen adelantando en La Habana las negociaciones mal llamadas  de paz,  con el apoyo de Cuba y Venezuela. Es importante recordar,  que este grupo armado  ha sido el principal generador de violencia  del país; que desde hace mucho tiempo dejó de lado  su fundamento ideológico  y hoy actúa más  como  una banda criminal que como un grupo insurgente. Se presenta como defensor del pueblo; cuando en realidad no es más que un grupo de bandidos  que en medio siglo de existencia no ha realizado un solo hecho concreto  que haya beneficiado en lo más mínimo al pueblo colombiano, por el contrario,  lo que ha hecho es   secuestrar,  masacrar y aterrorizar colombianos, sembrar minas, destruir nuestros  recursos  naturales,  desarrollar  todo tipo  de actividades ilícitas.

Cada vez que el gobierno ha intentado dialogar para buscar una salida negociada a este grave problema de inseguridad   que aqueja al país,   este y  otros grupos armados,   han aprovechado las negociaciones  para fortalecerse política y militarmente; el caso más patético de este proceder, es el  de las negociaciones del Caguán, donde el Gobierno  del momento despejó y desmilitarizó  cinco municipios,  con la idea de adelantar allí las negociaciones, pero muy rápidamente este grupo empezó a  ejercer el control  en todo este territorio;  aumentó y robusteció sus frentes, incrementó de manera significativa sus actividades de narcotráfico  y lo más grave, mientras dialogaban, concibieron  y pusieron en marcha un plan con el objetivo de  cercar la ciudad de Bogotá y derrocar el Gobierno con el cual estaban dialogando.

El Presidente decidió  dialogar con las FARC, conociendo ampliamente su condición de  grupo narcoterrorista y la nefasta  experiencia tenida en el último intento de negociación. Por ello,  la negociación  ha debido reducirse solamente a:   cuándo,  dónde y cómo se   van a desmovilizar y a entregar las armas,  la  rebaja de penas,  los programas de apoyo económico y  de capacitación para los desmovilizados; desafortunadamente no fue así, el gobierno permitió  que los narcoinsurgentes, llevaran la iniciativa desde el comienzo de  las reuniones, por supuesto el grupo armado  se percató de la debilidad del Gobierno y aprovecho para imponer sus condiciones.

Por lo poco que se ha podido conocer, los requerimientos del grupo armado en términos generales  fueron aceptados,   según el Gobierno solo algunos han sido negociados; sin embargo  los voceros del  mencionado grupo,  aseguran por los diferentes medios de comunicación que no  entregarán las armas, que no pagarán un solo día de cárcel ni siquiera por delitos de lesa humanidad; y además, siguen hablando de: la aprobación  de zonas de reserva campesina con plena autonomía para conformar  una especie de territorios independientes y controlar la población que los habita;  la entrega automática de curules en el Congreso,  Asambleas departamentales y Concejos municipales; la creación de zonas de circunscripción electoral en territorios controlados por ellos;  reducción y desmantelamiento   de las Fuerzas Militares para convertirlas en un organismo débil e ineficiente,  la legalización de la droga para continuar ejerciendo como uno de los principales carteles del narcotráfico y para rematar, están exigiendo la realización de una Asamblea Constituyente para hacer una Constitución a su medida, como lo que hizo Chávez en Venezuela.

Estas  exigencias analizadas en contexto,  demuestran claramente que las FARC no  están buscando la paz,  están buscando es  el poder. Es muy diciente que por un lado  exigen  reducir las Fuerzas Militares  y por otro se niegan a entregar las armas; esto indica que lo pretenden es   debilitar la capacidad de defensa del Estado por la vía política y ellos mantener intacta su estructura armada, para posteriormente con cualquier pretexto reiniciar a sus anchas  sus actividades criminales; pese a lo anterior, el gobierno pretende hacer  creer al pueblo colombiano, que  con la firma  del acuerdo, desaparecerá la violencia y volverá la  seguridad y tranquilidad a Colombia, además, busca polarizar a los colombianos, con el argumento  de que quienes no apoyan las negociaciones de paz es porque quieren  la guerra.

Durante las negociaciones, los narcoterroristas no han dado una sola señal que permita pensar que esta vez no están engañando al pueblo colombiano;  por el contrario,  han incrementado sus actividades delictivas de narcotráfico, minería ilegal, secuestros  y permanentemente vienen efectuando  actos terroristas como el cometido en plena tregua navideña contra la población de  Pradera, que dejó un muerto y decenas de heridos; o el asesinato salvaje de dos policías en Tumaco que  después de apalearlos,  a uno le dieron un tiro de gracia y el otro fue degollado; pese a ello,  el Gobierno no ha tenido la firmeza para suspender  las conversaciones hasta cuando cesen  los actos criminales.

En el trascurso de los diálogos, se ha podido develar  que las FARC no están solas, que tienen una alianza secreta con Cuba  y Venezuela, con la intención que imponer en  Colombia el socialismo Latinoamericano del siglo XXI,  modelo  promovido por Hugo Chávez.  El cual, no tiene otro  mérito diferente al de empobrecer los países donde se ha instaurado;  con solo  observar la dramática  situación que vive el pueblo  venezolano, podemos hacernos una idea de los desastrosos resultados que genera de este modelo.

Por la afinidad ideológica de vieja data, de nuestro Presidente y su hermano Enrique, con los movimientos de extrema izquierda, no podemos descartar  la posibilidad  que al firmar  el acuerdo, termine el país en manos de esta Alianza perversa, lo que sería funesto para los colombianos, sería seguir el mismo camino  de Venezuela;  pero es más grave,  para las Fuerzas Armadas,   pues pretenden reorganizarlas y reducirlas de acuerdo a su conveniencia; el Presidente asegura que la Fuerza Pública no será   negociada, pero no se puede tener seguridad que esté diciendo la verdad, pues cuando  se supo  que el Gobierno adelantaba las conversaciones clandestinas con los narco guerrilleros de las FARC, el presidente negó rotundamente este hecho y posteriormente se vino a saber que llevaban cerca de un año de negociaciones.

Se ha sabido que  para ganar el respaldo  de los militares y policías  al proceso, vienen ofreciendo beneficios jurídicos similares a los que se concedan a los desmovilizados, para los involucrados en procesos judiciales. Ofrecimiento que no se puede aceptar, porque sería ponernos en el mismo nivel de los narcoterroristas y además a la larga no lo van a cumplir,  porque lo que busca la extrema izquierda es invertir la ecuación, en lugar de estar el Estado con sus Fuerzas Armadas contra la narcoguerrilla, quieren poner al Estado y la narcoguerrilla en contra las Fuerzas Armadas; por ello , el aspecto que consideran el  más importante del posconflicto,   es la investigación y revisión de las operaciones realizadas por   la Fuerza Pública, responsabilizar  a sus integrantes mediante testigos falsos y presentar   la Institución Armada como la principal  violadora de los derechos humanos en Colombia y una vez desprestigiada,  suprimir o reducir los derechos adquiridos por sus miembros. Ojalá no caigamos en la trampa  de aceptar dicha propuesta, para no tener que arrepentirnos hasta el final de nuestros días.

Por lo anteriormente expuesto, me permito invitar a que actuemos para  impedir  que se materialice el aludido acuerdo. La forma más democrática de hacerlo es votando, en contra del Presidente Santos o  cualquier otro candidato que no haya manifestado abiertamente su desacuerdo a las negociaciones de la manera que se vienen adelantando. Teniendo en cuenta que Unasur es uno de los veedores internacionales, el mismo que avaló la elección de Maduro en Venezuela, debemos permanecer vigilantes para evitar que suceda lo mismo que nos aconteció en las anteriores elecciones al Congreso.

Por Néstor Castro Teniente Coronel R

Mayo 16 de 2014