EL COMANDANTE DE LA TOMA AL PALACIO DE JUSTICIA SIGUE VIVO

“Y tengo una sospecha sobre quién era esa infiltrada en la cafetería: Cristina Guarín, la hermana de René Guarín, miembro del M-19, que anda libre”

“EL COMANDANTE DE LA TOMA AL PALACIO, SIGUE VIVO”

El Tiempo del día domingo 1º de octubre de 2010, publica una entrevista realizada por Yamid Amat al coronel Plazas Vega. Es evidente que Amat, un viejo zorro experto en acorralar a sus contrincantes, intenta hacerlo con el coronel, al igual que quiso ridiculizar al Procurador Alejandro Ordóñez en una entrevista televisada. Pero el coronel Plazas Vega no lo permitió, la verdad salió a flote y venció sobre las artimañas de este periodista que tiene una larga y lamentable trayectoria como verdugo de la transparencia.

He aquí esta entrevista:

 

El coronel Plazas Vega enseña el fallo de la Procuraduría

‘Jefe de la toma del Palacio salió con vida y debe estar todavía vivo’

Una sorprendente afirmación hace en este reportaje el coronel (r.) Alfonso Plazas, quien participó en la operación de recuperación del Palacio de Justicia, tomado por guerrilleros del M-19, en noviembre del 85: “El comandante de la toma, Luis Otero, uno de los fundadores de ese grupo, logró escapar con vida”. Y el oficial en retiro cree que aún lo está. “Hay que buscarlo”

Plazas arremete contra la fiscal y la juez de su caso, y asegura que “los llamados desaparecidos” están en la morgue del CTI de la Fiscalía y que eran los empleados de la cafetería que fueron conducidos al 4o. piso, “pistola en mano” por la que él cree “era la guerrillera Cristina Guarín, hermana del guerrillero René Guarín, que está libre”.

No quiso referirse a la prohibición de dictar clases o conferencias. “El tema me parece intrascendente”.

¿Usted insiste en que su caso debe ser conocido por la justicia militar?

El artículo 221 de la Constitución dice que “de los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes militares o tribunales castrenses con arreglo al Código Penal Militar”. Aquí decidieron desconocer la Constitución. Los militares salimos, en cumplimiento de la orden constitucional del presidente Betancur, a defender el estado de derecho. Él mismo lo reconoció.

¿El asunto es si la desaparición de personas constituye un acto de servicio?

Su pregunta es mal intencionada. A mí están prejuzgando: antes de determinar si yo desaparecí a alguien, me mandaron a la justicia ordinaria. Me juzgaron sobre la imaginación de que yo ordené desapariciones. La fiscal Ángela María Buitrago empieza diciendo en su fallo que los señores del M-19 estaban en el Palacio de Justicia. ¡No! Asaltaron el Palacio, que es distinto. Dice que el M-19 retuvo a unos magistrados. ¡No! Los secuestró. Dice que los guerrilleros le quitaron la vida a unas personas. ¡No! Las masacraron. De modo que, desde el comienzo de su fallo, se advierte en ella una posición ideológica. Está utilizando la misma terminología de la guerrilla.

¿Usted cree que si lo juzga la justicia militar, lo absolverá?

Y si me juzga la ordinaria, con jueces justos, también. Lo que pasa es que la militar no cometería los errores de la ordinaria, que me acusa de haber manejado rehenes rescatados que pasaron a la Casa del Florero. ¡Eso es falso! Allá había una organización de inteligencia separada de las operaciones. Yo no podía estar combatiendo y, a la vez, pidiendo cédulas.

Pero Édgar Villamizar, quien salió del Palacio, dijo que usted ordenó: “Hagan hablar a esos H.P.”, refiriéndose a sospechosos de Palacio…

Está comprobado que ese señor nunca salió de Granada (Meta) y no estuvo en los hechos del Palacio. Nadie en el proceso lo ha visto. Mi abogado ha desafiado a la juez Jara, quien está validando su declaración, para que presente a ese fantasma que nadie conoce y nunca asistió a la audiencia. Pero claro, la fiscal Buitrago no lo investigó y la juez Jara lo acepta como testigo por encima del Ministerio Público. Lo de Villamizar no es una declaración, es un libreto firmado por unos funcionarios. Y con eso me han condenado.

¿Qué guerrilleros salieron de Palacio y fueron a la Casa del Florero?

No lo sé.

¿Irma Franco salió viva del Palacio?

Sin duda. De 12 a 15 declaraciones personas la vieron. A los de la cafetería, que dicen que desaparecí, nunca nadie los vio.

¿Y dónde murieron los 11 empleados de la cafetería?

Los magistrados Jaime Serrano y Carlos Upegui, tras una investigación de más de seis meses, dijeron que dos grupos bien definidos pueden “ser cobijados bajo la denominación de desaparecidos”: el primero está integrado por los empleados de la cafetería, una visitante habitual del Palacio, la doctora Gloria Anzola de Lanaoy dos visitantes: Norma Constanza Esguerra, proveedora de pasteles, y Lucy Amparo Oviedo, conocida del doctor Reyes Echandía. El segundo grupo son los guerrilleros que salieron vivos del Palacio y se refieren a Irma Franco Pineda y Clara Enciso. Para mí, sólo estas dos personas son las llamadas desaparecidas. Todos los demás murieron. Los magistrados dicen que los cadáveres no identificados, “incuestionablemente no corresponden a guerrilleros”. O sea: ahí están los llamados “desaparecidos” que no están desaparecidos: fueron llevados por sus captores al cuarto piso y murieron allí. Sobre esto dicen los magistrados que “hay prueba suficiente”. ¿Por qué la fiscal Buitrago y la juez Jara desconocen la investigación de los magistrados? Los cadáveres de estas personas están en la morgue de Medicina Legal del CTI.

¿Su tesis es que no hay sino dos desaparecidos?

No, una: Irma Franco. Clara Enciso apareció en México. Y está viva. Nadie la busca.

¿Cómo y quién obligó a los empleados de la cafetería a ir al cuarto piso, donde, según usted, murieron?

Hay testimonios de que una mujer con revolver en mano, en la cafetería, obligó a los empleados a subir al cuarto piso. Y tengo una sospecha sobre quién era esa infiltrada en la cafetería: Cristina Guarín, la hermana de René Guarín, miembro del M-19, que anda libre. Cristina murió, la reconoció el sepulturero que la enterró en el cementerio del sur. No estaba calcinada, pero figura como desaparecida. Eso también está en el proceso. Y tengo la creencia de que Luis Otero, quien comandó la toma, el jefe de semejante barbarie, ¡está vivo! Y nadie lo busca. Salió con la cedula de otro y huyó.

¿Quién dijo eso?

El jefe de inteligencia de la brigada, coronel Edilberto Sánchez, lo dijo en una comunicación radial el día de la toma. Y a eso no le para bolas nadie.

¿El cadáver de Otero no apareció?

No, señor. No apareció.

¿Y, según usted, dónde están los cadáveres de las personas desaparecidas?

En el CTI. Hasta octubre pasado estaban en el laboratorio de antropología de la Universidad Nacional. Mire: la fiscal Buitrago dice cosas tan interesantes en la resolución de acusación como esta: “Como las personas de la cafetería estaban vivas cuando empezó el asalto al Palacio de Justicia y ahora no aparecen, es porque el Ejército las desapareció y el coronel Plazas es el responsable”. Esa es la forma pueril como a mí me condenan.

¿La teoría suya es que los empleados de la cafetería, cuya desaparición le adjudican, murieron en la operación militar?

Sí, señor.

¿Quién era Otero?

Un fundador y miembro del comando superior del M-19. Planeó la toma de la embajada dominicana y participó en muchos secuestros y crímenes. Era antropólogo de la Universidad Nacional, en donde estudiaron Vera Grave y el periodista Germán Castro Caicedo, quien escribió un libro contra mí, El Palacio sin máscara. En esa facultad también estudió ‘Alfonso Cano’, jefe de las Farc.

¿No le parecen irresponsables sus sugerencias contra Vera y Germán?

Irresponsable es lo que él dijo de mí, tratándome de “criminal”. Aun no he entablado acciones judiciales contra él, pero podré hacerlo.

¿Acaso Castro Caicedo no se basó en las denuncias de la fiscal Buitrago?

No lo sé. Seguramente. Pero ha debido enterarse de que a ella la tengo denunciada por prevaricato, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Es que el mismo procurador de mi caso, Jesús Villabona, desbarató en su alegato de conclusión las acusaciones de la fiscal, pidió sentencia absolutoria en mi favor y, después de la condena, presentó apelación a la sentencia de la juez contra mí. El mismo Villabona califica en su informe como “deleznables” las afirmaciones de Villamizar. Eso no le pareció importante a Castro Caicedo.

¿No está usted tratando de vengarse de quienes lo han acusado?

Estoy rechazando la infame campaña contra mí. No soy un criminal. Le voy a entregar a mi abogado, las necropsias de los cadáveres que no están identificados. Son 36 cadáveres en total que fueron inhumados en la fosa del cementerio del sur.

Pero en el proceso consta que se hicieron pruebas de ADN a 24 cadáveres, y usted dijo que fueron inhumados 36. ¿Qué pasó con los otros 12 cadáveres?

Le pregunté eso a José Vicente Rodríguez Cuenca, coordinador actual del laboratorio de antropología y director en la época. Me contestó que no se había hecho por su estado avanzado de calcinación. Esa era una respuesta adecuada en el 2001, no en el 2010. Hace 10 años, no era posible porque un cuerpo en alto estado de calcinación se desintegra y hay degradación del ADN. Con las técnicas modernas de hoy ya no pasa eso. Pido que Medicina Legal de la Fiscalía le haga a esos 22 cadáveres pruebas de ADN. Y que intervenga la Interpol. Ahí van a lograr identificar los diez cadáveres. Entre ellos no va a estar el de Irma Franco. Y le aseguro que no va a aparecer Otero. Ese sí que es un vivo que está desaparecido y que no sé por qué no lo buscan.

‘A nadie le deseo un mal así’

El coronel Plazas Vega dice que le violaron su fuero militar

¿Cuál es su situación actualmente?

No hay derecho a que en este país tenga uno que vivir una circunstancia como la que estoy padeciendo; hasta en La Picota me tuvieron, sin estar condenado y violando mi fuero militar, lo cual no tiene nombre. La enfermedad que padezco, producida por mi angustia, aún no ha desaparecido.

¿Es enfermedad física o moral?

Ambas. Es muy difícil estar preso por un delito que no cometí. A nadie le deseo un mal así, agravado por la sevicia y la saña con que dos operadoras judiciales están actuando contra mí, violando mis derechos. Es una ignominia.

Yamid Amat

Especial para EL TIEMPO

 

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