LA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ Y LOS MILITARES

La Jurisdicción Especial de Paz y los militares

Y los militares, que en la moderna versión castrense ni siquiera leen la Constitución Nacional, pues ni cumplieron, ni cumplen con el artículo 217, porque muchos ni siquiera lo conocen, siguen muy sumisos a la voluntad del gobierno que los está entregando en bandeja de plata a sus enemigos

Por Luis Alfonso Plazas Vega. Coronel en Retiro
Febrero 17 de 2017

Creo que la pedagogía que el Gobierno y sus contertulios de las Farc han divulgado a lo largo de estos casi siete años de trampas y mentiras, ha hecho tanto daño a los militares y a los políticos, los han engañado tanto, que muchos, muchísimos, se niegan a entender la realidad.

Y eso me duele porque en esas trampas y mentiras han caído tanto mis amigos, como los que fueron mis jefes, mis compañeros o mis subalternos. Por eso no puedo dejar de manifestar una vez más, lo que desde los comienzos de este proceso he expresado repetidamente: ¡con terroristas y narcotraficantes, no se negocia! Todo lo que salga de una negociación con esas personas, será en contra de la gente de bien y a favor de los delincuentes.

El Plebiscito de octubre 2 de 2016. Veamos: Colombia le dijo NO, a los acuerdos con las Farc, se lo dijo en un Plebiscito, en el cuál no estaba en juego una parte de su contenido, sino “todo su contenido”. Jamás se dijo en la pregunta a los colombianos si estaban de acuerdo en modificar o no los acuerdos, o en perfeccionarlos, o en debatir sus defectos. No señores. La pregunta era:

¿Apoya el acuerdo final para terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?

¡Se votaba SI, o NO!

Aunque la pregunta burlaba lo establecido por la Corte Constitucional que por una parte prohibía emplear la palabra Paz y por la otra ordenaba incluir la palabra Farc en la fórmula, el Presidente Juan Manuel Santos le comunicó al alto Tribunal, que él hacía lo que le daba la gana, y como le dio la gana redactarla así, así quedó. Pero con todo y eso el pueblo votó NO.

La pregunta quedó plasmada en el decreto 1391, del 30 de agosto del 2016, mediante el cual se convocó el plebiscito. Y los colombianos votaron mayoritariamente NO, por consiguiente, el Acuerdo con las Farc, fue desaprobado en todo su contenido.

Repito: el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc, porque así se debe llamarse, según lo explicó la Corte en la decisión que le dio vía libre al Plebiscito, no existe, fue negado por el pueblo soberano. Algunos le siguen llamando a ese acuerdo, “de Paz”, pero eso no importa. Ese acuerdo no existe, porque el pueblo lo anuló totalmente, en las urnas el 2 de octubre de 2016.

De cómo el Gobierno le hizo trampa a los ganadores del plebiscito. Hábilmente el Gobierno llamó a los promotores del NO a “negociar”. Y ese grupo de ilustres ciudadanos, ingenuamente asistió al convite. Es que la gente buena por lo general es ingenua. El Gobierno no iba a realizar ninguna negociación, solo necesitaba que asistieran quienes lo derrotaron en las urnas, para decirle a la comunidad internacional, a la cual mantiene engañada, que “los del NO” se habían reunido con el gobierno a negociar.

Lo que no he podido entender es ¿qué buscaban los dirigentes colombianos que lograron ganar el Plebiscito, reuniéndose con el perdedor? Ya no hay respuestas a esa pregunta, porque como fue un error monumental, todas las respuestas tendrán sabor a disculpa. Y los vencedores empezaron a ser denominados “los del NO”, expresión que ladinamente muchos medios de comunicación colombiana asumieron, en lugar de “los vencedores del Plebiscito”, o “la voluntad popular”, que es la que debería usarse.

Lo cierto es que se reunieron con el gobierno y todos “los del NO” hablaron, uno por uno, pero no les pararon ni media bola. Solo más tarde se convencerían de que no los llamaron para escucharlos, sino para decirle al mundo que se habían limado asperezas.

Pues las noticias en el mundo siguen rodando: <si bien “los de NO” ganaron, después negociaron con el Gobierno los puntos a modificar, lo cual condujo a un nuevo acuerdo>. ¡Mentiras! Ningún nuevo acuerdo. ¡Es el mismo! aumentado en unas páginas más que solo benefician a las Farc, y a sus seguidores del SI. Recordando la máxima de Lenín, “una mentira repetida mil veces se vuelve verdad”, de modo que el inexistente “Nuevo Acuerdo”, fue sometido a refrendación del Congreso Nacional.

Y los ingenuos e ilustres líderes del pueblo que ganaron con el NO, entregaron en bandeja la voluntad del pueblo expresada en forma directa, para que la modificaran unos parlamentarios que son la expresión indirecta del pueblo. ¿Cómo así? ¿La expresión indirecta, o sea el congreso, cambiando lo que dijeron voto a voto en forma directa, o sea el pueblo, los sufragantes? Los Parlamentarios cambiaron su condición de defensores de los intereses de sus votantes, por la de defensores de un gobierno aupado por las Farc, los peores enemigos del pueblo colombiano y los más atroces criminales. Y ni siquiera se ruborizan.

La bancada del Centro Democrático se salió del recinto en el momento de la votación. Era lo correcto, porque no podían participar en la elección de algo para lo cual no estaban facultados. El congreso carece de facultades para violar la voluntad popular expresada en las urnas. Entonces la prensa nacional, pautada por el Gobierno le informó al mundo que “el Nuevo Acuerdo había sido aprobado por el Congreso colombiano por unanimidad”. Esa no solo es una noticia falaz, sino tramposa. La verdad es otra, como quiera que quienes no estuvieron de acuerdo con esa obra teatral, se salieron del recinto de votación; los que atropellaron al pueblo desconociendo sus sufragios, cuando quedaron solos, lo hicieron unánimemente.

La preocupación de los militares. Y los militares, que en la moderna versión castrense ni siquiera leen la Constitución Nacional, pues ni cumplieron, ni cumplen con el artículo 217, porque muchos ni siquiera lo conocen, siguen muy sumisos a la voluntad del gobierno que los está entregando en bandeja de plata a sus enemigos.

Obedientes, levantaron bandera blanca ante las Farc, “para que no haya más soldados muertos”. No me acuerdo haberles enseñado a mis alumnos de las instituciones castrenses, que los enfrentamientos militares deben hacerse sin que haya muertos, porque eso es imposible. Claro que hay que evitar las guerras, pero no hay que entregarse al enemigo de la nación que nos dio las armas y menos considerar esa entrega como una victoria. Y en el caso actual de Colombia, además del terrorismo, se trataba de una guerra contra el negocio de las drogas. Las Farc no representan a ningún sector de la población colombiana, son el cartel de narcotráfico más poderoso del mundo.

Ahora bien, no se trata de levantarse en armas contra el gobierno, así sea cuestionada su llegada al poder; pero hay que manifestarse como soldados, con actitud airada y con resolución.

Nunca olvidaremos a los 18 generales que presentaron su renuncia en el año 2000, antes que aceptar que el gobierno de entonces cometiera un error. Fue el mismo día en que el Ministro de Defensa Rodrigo Lloreda prefirió dimitir, antes que exponerse a la pérdida del territorio del Caguán. Debo aclarar que en aquel momento se trataba de un error del Presidente de entonces. Hoy no hay error en lo que está pasando en Colombia, todo nos hace presumir que lo que hay es mala fe. Y lo que está en juego no es el Caguán, sino el país entero.

Ahora mis colegas militares están preocupados por el artículo 28 del Estatuto de Roma. Permítanme plantearles en forma muy sencilla mis puntos de vista.

A la luz del Derecho Penal Internacional. La Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, con mucha preocupación se expresó en contra de lo que se estaba acordando con las Farc. Y recalcó que era imposible el perdón de los más atroces “Crímenes de Lesa Humanidad”, contenidos en esos Acuerdos entre el Gobierno y quienes los cometieron.

El 13 de julio de 2013, le manifestó al Presidente de la Corte Constitucional colombiana:

“…En las circunstancias particulares que representa el esquema de justicia transicional que está diseñado para terminar conflictos armados, se exige que el perpetrador cumpla condiciones de desmovilización y desarme, garantice la no repetición de los hechos delictivos, reconozca su responsabilidad penal, participe plenamente en los esfuerzos por establecer la verdad sobre los delitos más graves. Estas circunstancias sumadas a la prohibición de participar en la vida pública, podrían justificar la reducción de la pena, siempre que la condena inicial sea proporcional a la gravedad del crimen. Sin embargo, la suspensión total de la pena podría llevar a la concesión de perdón, que está prohibida para crímenes que han adquirido el estatus de derecho imperativo (ius cogens) en derecho internacional…”(el resaltado es del autor)

Ninguno de esos presupuestos jurídicos internacionales ha sido cumplido por las Farc.

Los Acuerdos con el crimen organizado, luego de haber sido aprobados por la aplanadora Santos-Farc, que maneja las dos cámaras, tristemente con la complacencia de dirigentes civiles y mandos militares, pasan a convertirse no solo en parte de la Constitución Política de Colombia, sino en un reemplazo de ésta, en muchos aspectos. Por ejemplo, se acaba la justicia ordinaria en materia penal y es reemplazada por la denominada Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Durante el proceso de aprobación, los militares encontraron una modificación a los Acuerdos con las Farc, en la cual se dispone que, en los juicios a los militares, se aplique el contenido del artículo 28 del Estatuto de Roma. Este artículo establece que penalmente los superiores deben responder por los delitos cometidos por sus subalternos. Entonces se armó el escándalo. Muchos militares llamaron a reclamar a los generales que se precian de hacer parte de las negociaciones con el crimen organizado, unos activos y otros retirados, y estos con la pose característica reflejada en la pedagogía de la paz, manifestaron que todo estaba bajo control y todo estaba “blindado”. Exigirían que les retiraran ese artículo 28 de los Acuerdos. Y lo lograron en ese momento. La alusión a ese artículo fue retirada.

Pero hay aspectos que no se modifican, sino que adquieren relevancia. Por ejemplo, el artículo 93 de la Constitución, sigue vigente, y de acuerdo a su contenido, seguimos sometidos a los dictados de la Corte Penal Internacional. De modo que seguimos vinculados al Estatuto de Roma, el cual tiene muchos artículos, y está vigente. Repito: sus artículos, todos, están vigentes. Incluyendo el número 28.

Entonces la Fiscal de la CPI, expresó su preocupación por los crímenes cometidos por los militares. Le llamó la atención el escándalo que se generó con el artículo 28 del estatuto de Roma.

El asunto es que mientras no se haga respetar la decisión del pueblo colombiano expresada en las urnas el 2 de octubre de 2016, anulando “la totalidad” de los acuerdos, la JEP juzgará a los militares, y les aplicará el artículo 28 del Estatuto de Roma.

La única forma de evitar perpetuarse en la cárcel siendo inocentes, y sin confesar pecados no cometidos, es hacer respetar el NO: No hay Acuerdos con las Farc.

Y aclaro. De todos modos, el artículo 28 del estatuto será aplicado, por la Justicia Ordinaria colombiana con jueces ordinarios, o por la Justicia Especial para la Paz (JEP) con jueces escogidos por el comunismo internacional, es decir por las FARC. Ahí está la diferencia.

Obviamente con todas las irregularidades de nuestra Justicia ordinaria, en ella sigue habiendo esperanza para los inocentes. Con la JEP, ni lo sueñen. Y la JEP solo desaparece, si se respeta al pueblo y se anulan totalmente los Acuerdos con las Farc.

Las Farc no pagarán un solo día de cárcel por los crímenes más atroces, mientras a los militares “les buscan una solución jurídica por delitos que no han cometido”. Ese es el mensaje de los negociadores.

Y lo que puede pasar. Algo muy grave puede suceder: que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), le conceda la libertad a militares presos, a cambio de confesar crímenes que no cometieron. Lo harían con los subalternos principalmente, para atribuir la supuesta autoría intelectual o “mediata” a sus jefes. De esa manera todos los guerrilleros muertos en combate pasarían a señalarse como “falsos positivos”, y a cambio, centenares o de pronto miles de militares subalternos quedarían en libertad, mientras la institución armada sería considerada a nivel internacional como una organización criminal. Esto sería innegable habida cuenta de los delitos confesados masivamente. Y sus jefes muriendo de viejos en la cárcel, como está sucediendo en la hermana República Argentina.

Entonces, los terroristas, autores de los más execrables y atroces crímenes, serían vistos a nivel global, como los héroes que salvaron a Colombia, luego de más de cincuenta años de “conflicto” o de “guerra”, como lo prefieran. Y no pagarían, como lo han expresado en todas las formas, ni un día de cárcel.
Frente a esta tragedia lo más triste es ver a los militares portando una espadita con la “ V” de la “vergüenza” encima de sus condecoraciones.

Si esto sucede, claro que aparecerán de nuevo, distinguidos soldados de alto rango, gritando que han sido engañados. ¡Después de haber sido advertidos! Como canes ladrándole a la luna, porque solo bastará ver las expresiones de sus verdugos, cuando ya no haya nada que hacer.

Sigan creyendo en la pedagogía de la paz. Y sigan aprobando en el Congreso la entrega de Colombia al crimen organizado. Los nombres de los autores de este desastre, civiles y militares, quedarán grabados en la historia. En la de la ignominia y la traición a la patria.