EL M-19, UN PROYECTO CRIMINAL QUE SIGUE VIGENTE
En esta reunión clandestina, que se celebraba para conspirar a ritmo simultáneo con las conversaciones, Antonio Navarro Wolf exclamó con voz enardecida que “Las armas del ejército serán del M-19”
El M-19, un proyecto criminal que sigue vigente
En esta reunión clandestina, que se celebraba para conspirar a ritmo simultáneo con las conversaciones, Antonio Navarro Wolf exclamó con voz enardecida que “Las armas del ejército serán del M-19”
Por Ricardo Puentes Melo
Marzo 9 de 2015
Mucho se ha escrito sobre el M-19. Las mentiras difundidas por los terroristas para confundir a la opinión pública, torciendo la verdad, se han convertido en la realidad histórica que los bandidos han difundido durante muchos años aprovechándose de que controlan la educación en Colombia, además de los órganos de justicia e investigación. Lamentable.
Lo que sí es cierto sobre esta banda terrorista, que hoy cumplió 25 años de haber “firmado la paz” y que dentro de unos meses cumplirá 30 de haber asaltado a sangre y fuego el Palacio de Justicia, asesinando civiles desvalidos, es que fue una necesidad vislumbrada por el Partido comunista, padre de todas las guerrillas marxistas en Latinoamérica.
En el año de 1969, El Partido Comunista de Colombia ordenó a Oscar Dueñas Ruiz y Mirna Rugnon de Dueñas, ex militantes del Movimiento Tupamaro de Uruguay, que fundaran el Movimiento de Liberación Nacional de Colombia (MLNC) junto a otros bandidos extremistas que procedían de las FARC, Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario –MOIR-, Movimiento Obrero Estudiantil Colombiano –MOEC-, Grupo de los 100, Movimiento Comunero, Brigadas Militares Urbanas, Frente Unido de Acción revolucionaria –FUAR-, Ejército de Liberación Nacional –ELN-, Ejército Popular de Liberación –EPL.
El propósito de este nueva banda (MLNC) era encontrar las vías urbanas para consolidar el proyecto totalitario comunista ganando adeptos en las ciudades. El PCC había enviado a Jaime Bateman Cayón a la Unión Soviética para que buscara esas vías con asesores de allá para crear un ejército de criminales que de día pasaran como intelectuales y poetas, y en la oscuridad del anonimato fueran los conspiradores asesinos y secuestradores que ayudaran con las finanzas de la lucha comunista. Así que, Bateman, perteneciente a las FARC y bajo las órdenes de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, regresa de inmediato para unirse al MLNC, según instrucciones del PCC. En camino de regreso a Colombia pasa por Praga, donde estaban Manuel Cepeda con su esposa y sus hijos Iván y María;
Manuel le transmite otras órdenes y Bateman llega a Colombia donde ya Jacobo Arenas tenía listos los estatutos del grupo terrorista. Llegan más milicianos de las FARC y de la JUCO; Luis Otero Cifuentes, Afranio Parra, los hermanos Rubén y Jorge Carvajalino (que luego asesinarían a Guillermo Cano, pagados por Escobar), Everth Bustamante, Eddy Armando (actor de TV), Carlos Duplat (director de Tv en Colombia), Nelson Osorio, Humberto y Helvencio Ruiz, Augusto Barreto, Carlos Toledo Plata, Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina (‘compas’ de Bateman en las FARC), Israel Santamaría, Andrés Almarales. Iván Jaramillo y otros.
También se unen, procedentes de las FARC Carlos Pizarro Leongómez y Antonio Navarro Wolf. Aparecen años más tarde Gustavo Arias Londoño (Boris), y Otty Patiño.
Aprovechándose de la confusión reinante en la ANAPO, debido a la derrota de 1970 el MLNC cambió su nombre a Movimiento 19 de Abril M-19 e inició trabajos de organización e infiltración que culminaron en su aparición cuatro años más tarde como brazo armado de la ANAPO, con el asalto a la Quinta de Bolívar y al salón del Concejo de Bogotá.
Otty Patiño había secuestrado un avión en 1970 para llevarlo hacia Cuba con el propósito de conseguir apoyo de Castro para el movimiento indígena de Planas, Meta. Estando refugiado en Cuba, Fidel Castro lo envía a hablar con su ficha en Colombia, Enrique Santos Calderón, quien lo vincula al naciente M-19 contactándolo con Bateman Cayón. Eso sucede el 11 de septiembre de 1973.
Ese mismo 11 de septiembre de 1973 derrocaron a Salvador Allende, presidente constitucional de Chile. Ese día el Partido Comunista le ordena a Carlos Pizarro que deje las FARC y se vaya para el M-19. Pizarro había llegado de la JUCO directamente al frente II de las FARC.
En octubre de 1973, se apandilla la Segunda Reunión de Comuneros, que se convertiría en la Conferencia comunista donde se lanza el M-19. Para ese momento venían lanzando un folletín llamado ‘El Comunero’, cuyo tercer número tenía un artículo que Bateman le encargó escribir a Enrique Santos Calderón para ser firmado luego con un seudónimo; dicho artículo era una defensa férrea acerca de la necesidad de una guerrilla urbana en Colombia.
Esa reunión se efectuó en la finca del congresista e historiador “liberal” Milton Puentes ubicada en Sasaima.
Como preparativos para las acciones criminales, la banda publicó avisos de prensa donde se presentaba a la opinión pública con publicidad alusiva a una empresa farmacéutica.
Y llega el 17 de enero de 1974. Al mismo tiempo que se tomaban la Quinta de Bolívar, sacaron propaganda
explicando qué era el movimiento. Y cuatro horas después del robo de la espada de Bolívar se toman en Concejo de Bogotá y reparten propaganda de apoyo a María Eugenia Rojas de Moreno, la madre de Samuel e Iván Moreno Rojas, diciendo a la comunidad que nacían como resultado del “fraude” en las elecciones del 7º. Algo falso, como vimos.
El viernes 18 de enero de 1974, empiezan a actuar ya en los colegios. Reparten propaganda subversiva en el colegio INEM de Kennedy. Este colegio tiene una significación especial en el imaginario del terrorista Petro, al igual que en el de todos esos bandidos.
Poco después, en febrero de 1974, sale a la luz la primera edición de la Revista Alternativa, publicando en exclusiva una fotografía de la espada de Bolívar en manos de la guerrilla. Alternativa era el siguiente paso para apuntalar el proyecto delincuencial. En la fundación de la revista estuvieron también Jaime Bateman Cayón, Gabriel García Márquez, Antonio Caballero, Orlando Fals Borda, Jorge Restrepo, José Vicente Kataraín, e hicieron parte también Carlos Duplat (hoy director de TV en Canal Capital), Carlos Vidales (el hijo del poeta Luis Vidales), escapado desde Chile luego del golpe militar, Carlos Sánchez era redactor y fotógrafo, Nelson Osorio era redactor, y ya la mayoría –por no decir que todos- eran miembros del M-19. Es decir, la revista Alternativa era creación de los terroristas
De ahí en adelante, el M-19 se consolida como una guerrilla marxista urbana con fuertes nexos en universidades y barrios marginales.
Ese proyecto criminal que es el M-19 -porque sigue existiendo- asesinó luego a sindicalistas como José Raquel Mercado, y a Gloria Lara de Echeverri. A ella la asesinó el M-19 firmando con una bandera de la ORP hecha para la ocasión ya que no les convenía mediáticamente reconocer la autoría del secuestro por estar en diálogos de paz con Belisario Betancur. Al padre de Gloria Lara, el ganadero Oliverio Lara, lo había asesinado las FARC; y ahora Tirofijo ordenaba a su aborto, el M-19, que matara a su hija Gloria.
Los golpes criminales del M-19 fueron muy publicitados por El Tiempo, donde estaba Enrique Santos para esos menesteres, y por El Bogotano, dirigido por Consuelo de Montejo, aliada de los bandidos.
Vinieron más asesinatos y secuestros, y golpes osados como el robo de las armas del Cantón Norte, posible por la complicidad de algunos oficiales militares que tenían familiares en la banda terrorista; la toma de la Embajada de la República Dominicana, y el secuestro de Marta Nieves Ochoa durante el gobierno de Turbay.
Luego llega el gobierno de Belisario Betancur, un socialista disfrazado de conservador, y éste inicia diálogos con los terroristas permitiéndoles un descanso para que se rearmen. Pero Bateman es asesinado en extrañas circunstancias y los diálogos se suspenden. Por esos días el M-19 hizo alianza con el sanguinario frente Ricardo Franco, de las FARC, dirigido por José Fedor Rey (o Javier Delgado) y Hernando Pizarro Leongómez, hermano de Carlos Pizarro, dirigente del M-19, para ajusticiar a 164 guerrilleros y atentar contra algunos miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica.
En septiembre 30 de 1985, criminales del M-19 asaltan un camión de leche desatando una barbarie sin límites. Allí cae
preso Alirio Uribe Muñoz, presidente del Colectivo Alvear Restrepo y hoy congresista de la República de Colombia. (Ver ALIRIO URIBE MUÑOZ, GUERRILLERO DEL M-19 Y PRESIDENTE DEL COLECTIVO ALVEAR RESTREPO https://www.periodismosinfronteras.org/alirio-uribe-guerrillero-del-m-19.html)
Llega noviembre de 1985, y el grupo terrorista del M-19, financiado –según Popeye- con cerca de 45 millones de dólares provenientes de Pablo Escobar y otros narcos extraditables, asalta el palacio de Justicia con el fin de tumbar la extradición y tomarse el poder.
El asunto sale mal para los bandidos gracias a la reacción oportuna del Ejército. A los pocos días de la toma, exactamente el 12 de noviembre de 1985, César Gaviria Trujllo, que había sido presidente de la Cámara de Representantes y Director Alterno del Partido Liberal, convocó un debate en el Congreso acusando al gobierno de Betancur por la manera como se recuperó el Palacio de Justicia y por no haber dialogado con el M-19.
Permítanme copiar de lo ya publicado en Periodismo Sin Fronteras:
“Casi un año después Carlos Hernán Motta, senador del Partido Comunista denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, al gobierno de Betancur por lo mismo: no haber dialogado con el M-19. Lo acompañaron en esto tres personajes oscuros, uno de ellos procesado por el asesinato del concejal Jorge Avella en Sogamoso.
Tan rápido como en 1987, César Gaviria Trujillo (ya ministro de gobierno de Virgilio Barco) anuncia el proceso de desmovilización del M-19.
En 1989 el cura jesuita Javier Giraldo, lleva ante la Procuraduría un denuncio contra Plazas Vega; denuncio formulado por un preso de nombre Ricardo Gámez Mazuera que luego se demostraría que era testigo falso ya que aseguró haber estado en la recuperación del Palacio porque pertenecía a un organismo del Estado para la fecha de la toma, cosa desvirtuada totalmente. Gámez es un mentiroso y eso está comprobado por la Procuraduría. Sin embargo, este falso testigo ayuda al cura Giraldo para que éste y su ONG proguerrillera acusen formalmente a los miembros del ejército que recuperaron el Palacio de Justicia, entre ellos al coronel Plazas Vega y al general Arias Cabrales; dicen que el ejército asesinó y desapareció personas. El curita publica la acusación en el periódico VOZ, órgano oficial del Partido Comunista y las FARC.
En 1990, César Gaviria gana las elecciones y ordena la destitución de los generales Jesús Armando Arias Cabrales y Nelson Mejía Henao; esto, por orden del comandante del M-19 Antonio Navarro Wolf como requisito para continuar con el proceso de desmovilización. El favor a la guerrilla lo inicia el tenebroso Alfonso Gómez Méndez, director del Partido Liberal, amigo íntimo de Ernesto Samper, la familia Santos y César Gaviria. Gómez Méndez, ya desde esa época era fuertemente cuestionado por sus vínculos con la mafia narcoguerrillera. Como Procurador General de la Nación en 1990, Gómez Méndez, de fuertes nexos con las guerrillas colombianas, había aprovechado su poder para empezar la persecución contra quienes derrotaron a sus amigos guerrilleros.
En 1990, según el viceprocurador General de la Nación, Manuel Salvador Betancur, su jefe el procurador Gómez Méndez lo presionó para que elevara pliego de cargos y sancionara al general Jesús Armando Arias Cabrales y al coronel Alfonso Plazas Vega, entre otros, por los sucesos del Palacio de Justicia. Dice Manuel Salvador Betancur que Gómez Méndez lo conminó en los siguientes términos:
“Al General Arias Cabrales y a los mandos que tuvieron a cargo la operación del Palacio de Justicia, hay que sancionarlos… es imperdonable las muertes de ilustres magistrados, como la de mi maestro, amigo y protector, Alfonso Reyes Echandía, que persiguió tanto el delito..”
El viceprocurador Betancur le contestó a su jefe que había estudiado muy bien el voluminoso expediente del Palacio
de Justicia y que no encajaban sanciones ningunas contra el general Arias (ni contra el coronel Plazas, obviamente). El corrupto Gómez Méndez le respondió entonces:
“Elévate pliego de cargos (sic)… si después hay que absolverlo, se absuelve.. hay que sentar precedente..”
Como el viceprocurador le replicó tratando de hacer entrar en razón a Gómez Méndez, éste, días después, lo destituyó.
Entonces, Betancur envió la denuncia a los senadores Alejandro González –luego asesinado por las FARC-, Hugo Escobar Sierra –luego puesto preso por Gómez Méndez-, y Armando Barona Meza –también atacado con furia por Gómez Méndez. Pero nada sucedió.
Por otro lado, la acusación perseguida por Gómez Méndez sí se produjo, pero la misma Procuraduría, por fallo del Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, se abstuvo de abrir resolución de acusación contra el coronel Plazas Vega. Esto fue en mayo de 1990.
Simultáneamente, en 1990, el guerrillero Antonio Navarro es nombrado por César Gaviria como Ministro de Salud sin importarle que Navarro, como responsable ideólogo de la toma del Palacio había sido objeto de resolución acusatoria por parte del juez 31 de Instrucción Criminal.
Luego, César Gaviria sigue con el plan. Convoca a una Asamblea Nacional Constituyente e inventa una “circunscripción especial de paz” para permitir que los guerrilleros del M-19 puedan participar en la Asamblea. Básicamente la “circunscripción especial de paz” permite que los guerrilleros sean elegidos con un número ínfimo de votos. Así, gracias a un número ridículo de votos, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 es integrada mayoritariamente por guerrilleros del M-19; mayoría que elige a Antonio Navarro Wolf, uno de los cerebros criminales del asalto al Palacio de Justicia. Navarro Wolf es reemplazado en el ministerio por otro guerrillero del M-19: Camilo González Posso, y luego este cargo es ocupado por Carlos Vicente de Roux, también guerrillero del M-19, y hermano del cura jesuita Francisco de Roux, hoy enemigo del presidente Álvaro Uribe. Carlos Vicente de Roux (concejal de Bogotá) y ficha de Gustavo Petro, su compinche.
En enero de 1992, el coronel Plazas Vega no tiene otra opción más que solicitar voluntariamente su retiro del servicio activo de las Fuerzas Militares. Sabe que con Gaviria en la presidencia, jamás podrá alcanzar el merecido grado de general. Ese mismo año, César Gaviria convoca de urgencia al Congreso de la República para amnistiar e indultar al M-19, debido a que jueces independientes y honestos condenan a estos terroristas, entre los cuales están los hermanitos Navarro Wolf, Gustavo Petro, Otty Patiño, Vera Grabe, Everth Bustamante y otros.
En 1994 se inicia una campaña propagandística a la que se vinculan los grandes medios de comunicación; se publica el famoso libro “Terrorismo de Estado en Colombia” editado en los talleres donde publican los medios de las FARC y escrito por Patricia Lara, esposa de Alfonso Gómez Méndez en esa época.
En 1995, ya terminado el periodo presidencial de Gaviria, el coronel Plazas Vega es nombrado en diferentes cargos pero las ONG dirigidas por el comunismo internacional (al cual está adscrito el Partido Liberal), lo impiden en todas las ocasiones.
Está de presidente Ernesto Samper Pizano, elegido con dineros de la mafia. Entonces, llega a la Fiscalía General de la Nación, el personaje que ha estado detrás, ayudando a los propósitos de la misma mafia narcoguerrillera que eligió a Samper, y que quiere vengarse de quienes los vencieron en el Palacio de Justicia: Alfonso Gómez Méndez entra de nuevo a escena.
Para esta fecha, el coronel Plazas Vega ha instaurado demandas por injuria y calumnia contra el cura Giraldo, contra
Enrique Rodríguez, padre del supuesto desaparecido administrador de la cafetería, y contra los editores y autores del libro “Terrorismo de Estado en Colombia”. La Fiscalía, ya en manos de Gómez Méndez, profiere resolución inhibitoria para favorecer a estos pillos, amigos de la guerrilla.
En 1998, decidido a terminar su misión de encarcelar a los militares que salvaron al país de caer en manos de la dictadura comunista, Alfonso Gómez Méndez ordena abrir la fosa donde enterraron los cadáveres del Palacio de Justicia. Así que nombra un equipo para realizar la exhumación.
En el año 2005, los guerrilleros ideólogos de la masacre, Antonio Navarro Wolf y Gustavo Petro Urrego, el uno senador y el otro representante a la Cámara, envían sendas cartas al ministro Sabas Pretelt de la Vega solicitando que ordene a la Universidad Nacional la entrega los restos de los guerrilleros ya identificados a sus familias. Cosa que el profesor Rodríguez Cuenca obedece de inmediato.
Casi al mismo tiempo, Yamid Amat dice en su noticiero CM& que ha aparecido “un nuevo testigo” en el caso del Palacio y que acusa a Plazas Vega de hechos horrorosos de tortura y desaparición. Pero oculta malévolamente que ese “nuevo testigo” es Ricardo Gámez Mazuera ha sido desvirtuado ya quince años antes, en 1990, y la justicia ha comprobado en esa fecha la falsedad del testimonio de Gámez Mazuera. René Guarín Cortés, el terrorista guerrillero secuestrador y asaltante de bancos logra junto con el colectivo de abogados sacar del país a Gámez Mazuera para que, desde Europa, insista en sus delicadas injurias. Ambos delincuentes, Ricardo Gámez Mazuera y René Guarín Cortés se hacen grandes amigos.
Mario Iguarán, elegido Fiscal General –según testigos- con dineros de la mafia, reabre el caso del Palacio de Justicia y se lo entrega para su manejo a Ángela María Buitrago, la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de justicia quien, en enero de 2006 llama a Plazas Vega a declarar en el proceso que se ha abierto.
En diciembre de 2006 la fiscal Ángela María Buitrago allana el laboratorio de antropología física de la Universidad Nacional, y se lleva toda la documentación existente sobre el caso. Los esqueletos son terminados de trasladar a comienzos del 2007. El profesor José Vicente Rodríguez le recuerda a la Fiscal que los restos de los 27 marcados como desaparecidos del Palacio de Justicia, están en poder de la Fiscalía.
Todo pareciera indicar que la Fiscal Ángela María Buitrago, ya con órdenes expresas de lograr la condena de Plazas Vega, quería ocultar toda prueba que pudiera demostrar la inocencia del coronel. Ella sabía que en su poder estaban los desaparecidos del Palacio, y sabía que en la Universidad Nacional solamente estaban los restos de guerrilleros y algunos NN de Armero. Fue una hábil maniobra para confundir a la opinión pública dando a entender que todos los restos habían ido a parar al laboratorio de Antropología y que allí no habían encontrado a los desaparecidos. ¡Obvio…! Los desaparecidos no podían estar en la Nacional porque jamás estuvieron allí. Siempre estuvieron en poder de la Fiscalía.
Ya con todo cubierto, la misma Fiscalía Delegada vincula al coronel Plazas Vega al proceso y lo llama a indagatoria en febrero de 2007. Cabe anotar que durante todo este proceso ella es permanentemente acompañada por René Guarín Cortés quien para la época seguía apareciendo como un valeroso defensor de Derechos Humanos que había perdido a su hermanita en los hechos del Palacio.
Un mes después, en abril de 2007, la revista Semana informa sobre un nuevo testigo de los hechos del Palacio de Justicia. Otra vez, ese “nuevo testigo” no es otro que Gámez Mazuera, cuyo testimonio hace muchos años que está probadamente falso. Plazas Vega demanda penalmente a la revista pero Humberto de la Calle Lombana, quien fuera ministro de gobierno de César Gaviria y coordinador de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, controlada por la guerrilla del M-19, movió todas su influencias para que la justicia protegiera a la revista Semana y le permitiera seguir calumniando.”
Y aquí se agrava el viacrucis del coronel Plazas Vega. En julio de 2007 es puesto preso y no ha sido liberado desde entonces. El general Arias Cabrales está condenado en última instancia a cadena perpetua. Plazas Vega está condenado en segunda instancia a la misma pena.
El M-19 no se desmovilizó en realidad. El M-19 en 1991 no se desmovilizó completamente. Según integrantes de esa banda, se dejó un comando clandestino con el fin de conseguir dinero para las campañas políticas de Antonio Navarro, de Vera Grabe y de Gustavo Petro, entre varios más. Esos comandos siguieron secuestrando banqueros en Panamá para, nos dice la misma fuente, “apropiarse de los dineros consignados en cuentas bancarias y de claves cifradas no reveladas por los comandantes del M-19 fallecidos. La Dirección del M-19 denominó a ese comando Asterix y el responsable en la legalidad era Gustavo Petro y es la razón por la cual Petro pasa de ser un anodino militante del M a presentarse en la ‘vida legal’ y esos recursos recuperados o conseguidos en otras acciones se conocieron en la intimidad de los ex comandantes como Petro dólares..”
El cartel de Cali, igual que el de Medellín también donó millones a las campañas políticas de Carlos Pizarro y los otros bandidos, tal y como ya había hecho para la constituyente.
Periodismo Sin Fronteras publicó sobre las reuniones clandestinas del M-19, durante el “proceso de desmovilización” y entrega de armas con el gobierno de Gaviria, donde dejaron muy clara su intención de engañar al pueblo colombiano con el artilugio de la paz, como una combinación de sus formas de lucha, como aquella ocurrida el 24 y 25 de septiembre de 1989, en Santo Domingo, Cauca, a la que llamaron: “Conferencia nacional del M-19”, y que tenía como propósito la preparación para la X Conferencia nacional guerrillera.
Allí asistieron Carlos Pizarro, Antonio Navarro, René Guarín, Gustavo Petro, Marco Antonio Chalitas, Everth Bustamante García, Libardo Parra Vargas, José Otty Patiño Hormaza, Jesús Arjad Artunduaga, Germán Rojas Niño, Fabio Alejando Mariño Vargas, Tatiana Rincón Covelli, Vera Grabe, Gerardo Ardila Serrano, Jorge Navarro Wolf, Glicerio Perdomo Vélez, René Ramos Suárez, Alberto Cancelado Borda, Isaías Tristancho Gómez, Martha Botero, Adriana Velásquez (hermana del coronel Alfonso Velásquez, verdugo del ejército), Jaime Arias, Marco Aurelio Alvarez, Ricardo Arévalo, Bernardo Chinchilla, junto a delegados del Barrio Bolívar 83 de Zipaquirá “casas de paz” y delegados de las Universidades Nacional, Distrital, Pedagógica y Javeriana.
En esta reunión clandestina, que se celebraba para conspirar a ritmo simultáneo con las conversaciones y últimos ajustes para la entrega del M-19, Antonio Navarro Wolf exclamó con voz enardecida en un discurso que fue aplaudido a rabiar por el bandalaje de sicarios, que “Las armas del ejército serán del M-19”.
El cinismo de estos criminales se evidenció hoy en ese acto grotesco al que asistieron Juan Manuel Santos, sus ministros, terroristas del M-19 bajo los partidos políticos de Polo Democrático, Progresistas, Partido Verde, Marcha Patriótica, UP y otros más. Estuvieron la comandante Norma (Piedad Córdoba) y Clara López, ficha del Foro de Sao Paulo para la Alcaldía de Bogotá.
Se debieron reír de lo lindo porque su vuelta criminal les está saliendo a pedir de boca.
En próximos artículos iniciaremos una serie para mostrar los prontuarios criminales de estos bandidos. Y nos daremos cuenta que existen muchos que no figuran en las listas de desmovilizados (como Alirio Uribe), es decir, siguen sin ser indultados; y otros cuyo paradero desconocemos pero suponemos que están por ahí asechando, disfrazados de columnistas y analistas políticos, profesores universitarios y hasta directores de medios.
@ricardopuentesm
ricardopuentes@periodismosinfronteras.com
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