¡NO PERDAMOS A COLOMBIA!

En nombre de los peores delincuentes que ha tenido este país, se pisotea toda la institucionalidad. Nada bueno puede salir de un documento firmado por un terrorista y un presidente repudiado por el pueblo

Saúl Hernández Bolívar

Mayo 1º de 2016

Ningún ciudadano es enemigo de la paz, los enemigos de la paz son los que han practicado el terrorismo por años: los que asesinan, los que secuestran, los que extorsionan, los que desplazan, los que siembran minas antipersona, los que reclutan combatientes a la fuerza —casi siempre niños— o mediante engañosas promesas económicas…

Los enemigos de la paz son esos que subvierten todo orden en nuestro nombre y por ‘nuestro bien’, son esos que se arrogan el derecho de implantar por la fuerza una ideología fracasada y antinatural que tiene a otros países aguantando hambre, son esos que creen tener derecho moral a ‘matar para que otros vivan mejor’, como si ese fingido altruismo los facultara para decidir en nombre de todos de qué manera se debe vivir, son esos a quienes debemos ‘agradecerles’ por someternos a todos estos vejámenes.

El buenismo es primo hermano del suicidio y también es pariente cercano de la estupidez, la bobería y la imbecilidad. Porque, aparte de los prosélitos de las Farc, solo a ciudadanos candorosamente idealistas, ciegos a la realidad, olvidadizos e ignorantes de la Historia, o ingenuamente confundidos, se les ocurriría apoyar un golpe de Estado como el que se cocina en La Habana y seguir creyendo que lo que va a resultar de ahí, al día siguiente de la firma, es la paz, y que por estar incondicionalmente de acuerdo, son amigos de la paz.

Muchos de esos ciudadanos que creen en la buena fe de Santos y de las Farc, ni siquiera se dan por enterados de las maniobras que andan perpetrando algunos oscuros personajes —como el exfiscal general Eduardo Montealegre— con el fin último de refundar la patria a la medida de los terroristas. Para ello, Montealegre ha instaurado una absurda demanda ante la Corte Constitucional cuyo objetivo es que ese tribunal, tan dado a hacer lo que se le venga en gana con la Constitución, declare que el ‘acuerdo’ con las Farc es un ‘tratado especial’ de obligatorio acatamiento que no podría ser cambiado ni por el pueblo; una norma de piedra. Y lo peor es que la Corte admitió el estudio de semejante esperpento, con lo que, a juicio de muchos, les reconoció a las Farc el ansiado estatus de beligerancia, cuyo moño vendría a ser la comparecencia de ‘Timochenko’ ante esa alta corte en calidad de dignatario de Estado.

Al contrario de lo que muchos incrédulos piensan, la verdad es que estamos a un paso de que cinco magistrados (de un total de nueve) le den viabilidad a esa monstruosidad que le otorgaría a las Farc la revolución por decreto, el triunfo que jamás lograron alcanzar por las armas, sumiendo a Colombia en las tinieblas del comunismo, o provocando una reacción de tal violencia que ahí sí se podría hablar de guerra civil.

Y aunque prime la sensatez y la Corte Constitucional niegue tamaña pretensión, hay otros siniestros mecanismos en gestación: el presidente Santos será investido de poderes dictatoriales mediante los cuales podrá emitir decretos con fuerza de ley durante 90 días prorrogables; ni más ni menos que una ‘ley habilitante’ como las que le fueron conferidas a Hugo Chávez para sumir a Venezuela en el infierno del que aún no sale. Adicionalmente, al Congreso irán las reformas propuestas por las Farc, pero allí no podrán modificar nada que se salga de los términos del acuerdo y que no tenga el visto bueno del gobierno. Además, la aprobación es automática a menos que el mermelado Congreso las impruebe por mayoría absoluta, lo cual entra en el ámbito de la ciencia ficción.

Es decir, en nombre de los peores delincuentes que ha tenido este país, se pisotea toda la institucionalidad. Nada bueno puede salir de un documento firmado por un terrorista y un presidente repudiado por el pueblo. ¡No perdamos a Colombia, reaccionemos!