PALACIO DE JUSTICIA, 27 AÑOS DESPUÉS

Habiendo tenido una impecable hoja de servicios y siendo uno de los militares con un récord repleto de méritos y brillantes acciones, entre las que destaca la liberación con vida de casi tres centenares de rehenes en la toma del Palacio de Justicia, el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega es hoy un reo de la justicia colombiana

Palacio de Justicia, 27 años después

Ricardo Angoso

Por Ricardo Angoso

Noviembre 06 de 2012

ENTREVISTA AL CORONEL ALFONSO PLAZAS, EN INJUSTA PRISIÓN POR LOS ACTOS DESATADOS POR LOS TERRORISTAS DEL M-19

Habiendo tenido una impecable hoja de servicios y siendo uno de los militares con un récord repleto de méritos y brillantes acciones, entre las que destaca la liberación con vida de casi tres centenares de rehenes en la toma del Palacio de Justicia, el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega es hoy un reo de la justicia colombiana a raíz de su condena en el año 2010 por unas supuestas desapariciones acaecidas, precisamente, en aquellos sucesos. En esta entrevista, realizada en el lugar donde cumple condena, niega tajantemente que tengan algo de verdad estas acusaciones y defiende, de una forma apasionada y vehemente, su inocencia y la de los hombres que comandó ese día.

Ricardo Angoso: Tras 27 años de problemas y embrollos jurídicos, ¿en qué estado está su caso?

Alfonso Plazas: El caso del Palacio de Justicia es una columna vertebral con muchas costillas, es un proceso con muchas ramificaciones. El tema principal es que he sido condenado en segunda instancia por un delito que nunca cometí, y sin pruebas y con unos jueces amparados en una serie de mentiras procesales que traen a colación los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. Y esa sentencia, en segunda instancia, es contradictoria con la que hizo el abogado ponente, que estuvo estudiando durante un año el caso. En esta propuesta, hecha en su momento, se sostuvo mi absolución porque sencillamente no había ninguna prueba contra mí ni la va a haber porque sencillamente lo que se está diciendo es una completa mentira, es todo un montaje contra una persona que un momento determinado contribuyó desde dentro del Ejército de Colombia a impedir que se estableciera, por la vía de las armas, un Estado de corte marxista totalitario en Colombia el 6 de noviembre de 1985. Una nueva Cuba en Colombia, ese era el proyecto, ni más ni menos.

Esta sentencia a la que me refiero, en segunda instancia, es firmada por dos magistrados. Pero eso no fue óbice para que fuera apelada por mi abogado y por la Procuraduría. Fueron admitidas ambas demandas de casación sin objeciones y los trece puntos de mi abogado fueron aceptados por la Corte para ser tenidos en cuenta, lo mismo que los diferentes puntos que presentó la Procuraduría. Se acepta, entonces, una revisión de las sentencias que se han fallado en mi contra, lo que deja en pie todavía mi presunción de inocencia y me deja como un acusado víctima de un voluminoso error judicial. Todo arranca desde el momento en que la Fiscalía comienza a investigar estos hechos y así llegamos al estado actual que le estoy relatando. No obstante, para resumir, estamos agotando las últimas instancias judiciales y estamos en trámite de que todo concluya de una forma definitiva.

R.A.:¿Qué expectativas tiene en este momento con respecto a esta situación que vive?

A.P.: La expectativa mía es que la casación va a salir favorable, dado que las circunstancias están dadas. Recordemos que a mí me están condenando por un testigo falso en la primera instancia y después ese mismo testigo se presentó ante el Procurador General de la Nación, junto a otras personas, y aseguró que no me conocía. También aseguró que nunca había estado bajo mis órdenes. Es decir, que nunca podía haberme denunciado. Se trataba del cabo Edgar Villamizar. Aseguró que no me conocía y que nunca había estado en los hechos del Palacio de Justicia, lo mismo que mi defensa y defensores habían sostenido y comprobado. Villamizar nunca había estado en Bogotá y sus supuestas declaraciones no eran ciertas, era un libreto montado por la propia Fiscalía. Todo era falso y sus declaraciones contra mí no existían. Lo que se había dicho contra el coronel Plazas era falso.

El Procurador General de la Nación, al ser conocedor de estos hechos y darles fehaciente credibilidad, pidió que reabriera el proceso contra la Fiscal que me indagó, la señora Ángela María Buitrago. Se establecieron unas bases argumentales en el sumario que eran falsas, que no se sostenían, ya que la Fiscal me atropelló en todos mis derechos fundamentales. Nunca se me respetó el debido proceso. Desde el mismo momento en que me investigó en la indagatoria, privándome de libertad sin ninguna razón, me acusa en un documento de tres renglones de que hay pruebas suficientes para actuar así. Pero nunca dijo cuáles eran las pruebas y hoy cuando estoy condenado a treinta años de prisión en segunda instancias, tienen que acudir a la teoría de Roxín (el tratadista alemán), ante la falta de pruebas.

Me consideró como una persona peligrosa para la sociedad, y así llevó cinco años detenido sin una sola prueba. Se me consideró un peligro para la sociedad, mientras lo que está ocurriendo es lo contrario: que la sociedad unánimemente está pidiendo mi libertad. El Procurador General de la Nación, que es el representante del Ministerio Público, es decir del pueblo colombiano, ha pedido en cinco oportunidades mi absolución, mi libertad y la revocatoria de las condenas que hay en mi contra en primera instancia y también en segunda. En persona lo ha dicho ante los medios de comunicación. Es un hecho histórico sin precedentes en la historia de Colombia  que nada menos que la petición del Ministerio Público y en cinco oportunidades, sea desatendida por los jueces colombianos. Y ese llamado es desatendido por las instancias judiciales a las que les correspondía atenderlo, es decir, el pueblo y la opinión pública no cuentan. Ha habido cambios en la sociedad a mi favor, ya que la gente de la calle se ha dado cuenta de los atropellos y barbaridades que se han cometido en mi contra. Mi caso es digno de estudio. De hecho ya en muchas universidades y foros es tema de actualidad, pues se han pasado todas las líneas y se han violado todas las normas. Pero así han pasado más de cinco  años y aquí sigo, detenido todavía sin pruebas en mi contra, por unos hechos de los que soy inocente.

Recordemos que el 11 de septiembre de 2011 apareció en el diario El Tiempo una reclamación popular pidiendo mi libertad y rubricada por un centenar de personas de alto nivel, en donde se solicita a la justicia colombiana que el coronel Plazas quede en libertad. Había hombres de primera línea e incluso cuatro magistrados que fueron liberados por mis tropas y que estaban en manos del M-19 durante la toma del Palacio de Justicia. Se le preguntó a la justicia colombiana por qué el coronel Plazas no está libre y sigue sujeto a semejante atropello como es la cárcel. Va pasando el tiempo y la justicia me sigue reteniendo contra toda lógica jurídica. Antes estos hechos, yo he llegado a la conclusión que detrás de mi injusta condena y esta situación que no tienen parangón en la historia del país está claramente el narcotráfico. No de otro modo se puede explicar porque entre el año 1985, en que sucedieron los acontecimientos del Palacio de Justicia, y el año 2005, contra mí no hubo ninguna acción judicial ni acusación por estos hechos; en veinte años nada de nada.

Pero, apenas salgo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, cargo en el cual le quité más de mil millones de dólares en bienes mal habidos a los capos de la droga, se inicia un proceso con nombre propio contra mí. Hay una clara conexión entre esa responsabilidad que desempeñe y mi estadía en la cárcel, eso cada vez está más meridianamente claro.

Coronel Alfonso Plazas Vega

R.A.:¿Y qué esgrime la justicia para seguir reteniéndolo en la cárcel?

A.P.: De por medio me retienen con dos sentencias. Si sigue el cauce normal, la casación, este proceso puede prolongarse durante años y yo seguir padeciendo esta situación. Se está pidiendo mi absolución porque existe un complot contra el Ejército en general y contra el coronel Plazas Vega en particular. Es una terquedad por parte de algunos miembros del poder judicial para mantenerme en prisión a toda costa, y creo que este asunto tiene relación con vinculación política de estos señores o por la acción, de alguna forma, del narcotráfico.

Entonces, lo único cierto es que llevo cinco años y unos meses privado de la libertad sin una sola prueba. El cuerpo de generales y almirantes, además, ha contratado a algunos de los más conocidos juristas y constitucionalistas de Colombia para presentar una tutela y solicitar mi libertad ante este estado de cosas.(esto hay que quitarlo) Pero ya llevo cinco años esperando y aunque soy optimista ante la acción de la justicia, el paso del tiempo es desesperante y la lentitud de la justicia es violatoria de mi derecho a la libertad. Se ha utilizado el falso testigo para continuar con este proceso en mí contra. Aparte de todo lo que le cuento, muchas de las quejas que presenté contra el proceso y el proceder de una fiscal, no se me escuchó. También se me han negado mis derechos fundamentales, mis derechos humanos, que no se le niegan a nadie, como mi derecho a ver a mi padre moribundo quien quería despedirse de mí. Murió preguntando por mí, y la juez me negó la autorización de ir al Hospital.

De la misma forma, fui sacado arbitrariamente de un hospital donde estaba interno por orden de una juez, contrariando las decisiones de una junta médica que no lo permitía. El hospital fue allanado por un organismo que no tenía facultades constitucionales para hacerlo. Fui llevado a una prisión ordinaria  siendo militar.

Denuncié oportunamente a la juez que llevó a cabo esa acción y no pasó nada de nada. Se incumplieron todas las normas legales nacionales e internacionales y mis quejas de carácter penal no fueron atendidas. Me han mantenido en esta situación con todo tipo de tretas y artimañas ajenas a la legalidad.

R.A.:¿Parece que hay una coincidencia de su caso con otros donde se utilizan falsos testigos?

Facsimil de comunicado de notables pidiendo la libertad del coronel Plazas Vega

A.P.: Es cierto, se montó un escándalo con otro personaje conocido, Sigifredo López, quien también fue acusado y encarcelado con falsos testigos. Estuvo tres meses en la cárcel, por orden de un funcionario judicial sin ninguna prueba, en definitiva secuestrado por la justicia. Esto fue un escándalo en Colombia.

Pero ¿Y el caso mío qué? Yo he pasado cinco años privado de la libertad sin pruebas y en este asunto tan grave nadie dice nada o se alarma. Como soy militar, ¡claro!, se me discrimina. No tiene importancia que me pase cinco años en la cárcel a merced de los falsos testigos. Solamente la Procuraduría ha hecho algo en mi favor, pero no la hacen caso. ¿Qué intereses tan grandes hay detrás para que no se atiendan las resoluciones o criterios de la Procuraduría? Además, se protege a individuos o personas que trabajan en la justicia y que han cometido acciones ilegales o contrarias al derecho para mantenerme en prisión. ¿Qué no han hecho conmigo? ¿Por qué las organizaciones de derechos humanos no han dicho ni hecho nada? ¿Cómo funcionan estas organizaciones en Colombia? ¿Por qué no han hecho nada por el coronel Plazas? ¿Es que la izquierda domina a las organizaciones de derechos humanos?

R:A.:¿Y por qué cree que se ensañan con usted?

A.P.: Para mí la razón fundamental es una venganza del narcotráfico por mi labor al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes; haberles quitado a los narcotraficantes mil millones de dólares en bienes no es cualquier cosa, me tienen condenado a muerte. Mi familia tuvo que irse del país gracias a la ayuda del presidente Uribe. Mis hijos, junto con sus nietos, no pueden casi venir a Colombia por que existe un crimen organizado por encima de los poderes del Estado que todavía tienen un gran poder y es capaz de matar. Los barones de la droga son los que realmente tienen el poder en Colombia. Esta lucha de Colombia es contra las FARC, es cierto, contra el terrorismo, pero hoy en día esta organización terrorista es el principal cartel de la droga del país. Ese será el principal problema en el proceso de paz. No creo que la mayoría de los colombianos desconozcan esta realidad; esta es una verdad de perogrullo: las FARC son los principales exportadores de droga de Colombia.

Y también están detrás de mi caso. Los narcos sufrieron las acciones que lleve a cabo contra ellos. Yo les golpee en los dos extremos de la cadena del negocio: les di duro en la producción y les quité los bienes. Se sintieron muy afectados en el tema de la producción y eso lo tengo que pagar.

Petro y Navarro, dos terroristas que dirigieron el asalto al Palacio de Justicia, hoy gozan de las mieles del poder mientras los militares están presos

Incluso se levantaron calumnias en contra mía por parte de ex guerrilleros como Gustavo Petro (hoy alcalde de Bogotá), quien llegó a afirmar que recordaba con claridad como el coronel Plazas le había torturado en la Escuela de Caballería. Se recordaba de mi bigote, mi uniforme y mis condecoraciones; según él, yo daba las órdenes e instrucciones para que le torturaran. Así lo dijo y se quedó tan ancho. Para fortuna mía, encontré mi pasaporte de la época y pude demostrar, por las fechas y visas que tenía el documento, que Petro mentía. Porque en la fecha en que yo supuestamente dirigía las torturas, quedó comprobado que yo estaba de vacaciones en España. Los sellos de emigración e inmigración de los aeropuertos de El Dorado en Bogotá y de Barajas, dejaban todo claro.

Petro, además, fue detenido por porte ilegal de armas, juzgado y condenado. Y pagó la pena. Y un condenado no puede ejercer el cargo de Alcalde en ninguna ciudad de Colombia, así lo dice la Constitución Política y sin embargo ahí lo vemos ejerciendo el cargo.  Seguramente cometió otros delitos, pero yo no estaba en Colombia cuando se produjo esa detención.

Lo cierto es que en la entrevista radial en la cual Petro habló en contra mía, quedó como un mentiroso ante la nación entera. Petro al menos me presentó disculpas públicamente. El problema de Petro es que miente con una aterradora facilidad y lo hace siempre que acusa a alguien. El daño me lo hizo en dos programas de radio en que mantenía esas afirmaciones que eran mentira. Así se ha construido toda una estrategia para dañarme.

Aparte del narcotráfico, yo creo que hay organizaciones de izquierda, como el antiguo M-19 y las FARC, que están detrás de este proceso, o montaje, en mi contra. El M-19 fue creado en los años 70 y es la responsable de una serie de crímenes y matanzas pavorosas, de la peor especie. Esos guerrilleros, más tarde, o terroristas como quiera llamarlos, fueron luego derrotados militarmente en los acontecimientos del Palacio de Justicia por la brigada del general Arias Cabrales, ocasión en la que se rescataron más de 260 rehenes que estaban a manos de los insurgentes. A pesar de todo, estos terroristas cometieron crímenes horrendos contra los magistrados porque querían cobrar la decisión de estos miembros del poder judicial de aprobar la extradición de los narcotraficantes a los Estados Unidos.

El día del asalto criminal del M-19 al Palacio de Justicia, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia se iba a reunir para definir unas demandas de inexequibilidad presentadas por los abogados de las mafias, contra la Ley de Extradición por la vía administrativa. Y los narcotraficantes, aliados con el M-19, trataban de impedir como sea la aprobación dicha Ley en las salas del Palacio de Justicia. Detrás de esta acción, no lo olvidemos, estaba un grupo de narcotraficantes que se llamaban Los Extraditables, cuyo lema era “Más vale una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos”. Ese grupo era liderado por Pablo Escobar Gaviria, ni más ni menos. Y a esa gente tuve que enfrentarme como miembro de la brigada que comandaba el general Arias Cabrales y como director de la Escuela de Caballería.

El M-19 pretendía en esa acción militar hacerse con el poder y hacer rendir cuentas al Estado; era una operación de gran calado en la que fracasaron y fueron derrotados militarmente. Y claro, lógico, no pueden olvidar ni al general Arias Cabrales ni al coronel Plazas Vega. Los terroristas del M-19 clamaban venganza. Por ello, me acusan desde cierta izquierda de ser el responsable de unos hechos que son falsos y hay un colectivo de abogados -el José Alvear Restrepo- de esta tendencia que está detrás de muchas de las calumnias que se han levantado en mi contra. Muchos de los miembros de este colectivo, como su presidente Alirio Uribe Muñoz eran miembros del M-19, en la época del asalto al Palacio de Justicia, como también lo era Gustavo Petro, uno de los que más me ha atacado y ha hecho campaña en mi contra, acusándome de incendiario del Palacio de Justicia. Olvida el señor Petro que él si fue condenado por la justicia colombiana por el incendio del Palacio de Justicia, sino que luego lo indultaron. A Petro, que fue un guerrillero del M-19, se le perdonaron todos los crímenes y hoy tiene el cinismo de acusar a los militares que cumplieron con su deber y salvaron al Estado, por los crímenes que él y el movimiento criminal al que pertenece, cometieron.

Luego está el asunto de René Guarín, que “identifica” sobre unas imágenes de televisión a muchos de los liberados del Palacio de Justicia cuando salían rescatados por las tropas. Guarín quien acusó a los militares de haber desaparecido a su hermana, que trabajaba en la cafetería del recinto judicial, también resultó que era miembro del M-19. Un periodista bien conocido en Colombia, Ricardo Puentes, descubrió que este acusador había sido capturado en mayo de 1988 cuando con una célula del M-19 secuestraban al industrial Jorge Valencia Ángel. En el rescate del secuestrado la policía dio de baja a un miembro del M-19 y capturó a los demás, entre ellos a René Guarín, a quien le encontraron la carabina perteneciente a un agente de policía que había sido asesinado año y medio atrás en una asalto del M-19 a la población de Nemocón a cien kilómetros de Bogotá.

Así ocurre con muchos de los capítulos de este caso y casi todos confluyen en el M-19 o en el narcotráfico. Pero es que también la hermana de Guarín, supuestamente desaparecida, ¡era del M-19! Y hay pruebas concluyentes sobre este asunto, tanto de la pertenencia de René Guarín al M-19 y como de su hermana. ¡Pero René Guarín está libre y yo estoy preso!

Sobre los desaparecidos, no los hay. Solamente tenemos una: la guerrillera Irma Franco, pero el resto de los supuestos desaparecidos fueron víctimas del M-19 durante los sucesos del Palacio de Justicia. Sus cadáveres quedaron calcinados y fueron enterrados sin identificar en una fosa común del cementerio del sur de Bogotá, tal como está comprobado en el expediente.

De modo que todas estas personas que la televisión señalaba con círculos rojos no eran desaparecidas, sino personas que estaban saliendo rescatadas por las tropas. Quien las identificó ante los jueces fue René Guarín, quien como ya lo explicamos fue guerrillero del M-19.

Hay casos específicos con nombres y apellidos que incluso corroboran lo que estoy diciéndole, como la ascensorista María Nelfi Díaz, quien estaba en el Palacio y fue rescatada por las tropas. Su imagen a hombros de un soldado  trataron de presentarla como correspondiente a la desaparecida Cristina Guarín, la hermana de René, pero ella misma si identificó en más de siete ocasiones ante los jueces de Colombia, hasta que se le aceptó por parte del Tribunal Superior de Bogotá que Cristina Guarín no está desaparecida, y que la imagen de marras corresponde a la ascensorista Díaz.

También le recuerdo que el Tribunal Superior de Bogotá en su decisión de segunda instancia me retiró los cargos cobre nueve de las once desapariciones que me venían endilgando sin pruebas desde el año 2007. El Tribunal en sentencia del 29 de Enero de 2012 establece que algunas de esas nueve personas murieron al interior del Palacio de Justicia a manos del grupo asaltante y otras ni siquiera se sabe si están desaparecidas. En la Sentencia se me responsabiliza de  dos de los desaparecidos, no porque existan pruebas, sino porque me aplican la teoría de Roxin, en la cual se establece que el “hombre de atrás” en una organización criminal debe responder por los delitos cometidos por la organización, y califican al Ejército Colombiano como una organización criminal.

R.A.:¿Usted lo que está diciendo claramente es que hay una conspiración en contra suya?

A.P.: No lo estoy diciendo yo, sino que lo dice el propio magistrado ponente, quien pidió mi absolución: Hermens Darío Lara Acuña.  El único que estudió los 65000 folios del proceso durante un año y cuatro meses, el mismo del salvamento de voto, que fue derrotado por los otros dos magistrados que por una parte no conocían el proceso y por la otra uno de ellos había sido candidato a una cuerpo colegiado por una coalición política  que incluía al M-19, es decir a los asaltantes del Palacio de Justicia. Como es posible que ese magistrado no se haya declarado impedido?  Cómo es posible que me esté acusando y también juzgando el M-19, por los crímenes que ese movimiento cometió en el Palacio de Justicia hace 27 años? Numerosas fuentes lo atestiguan, yo, simplemente, lo denuncio.

R.A.:¿Y cómo desde el poder judicial se prestaron a esta farsa que denuncia?

A.P.: Muchos miembros de las FARC y de los grupos narcotraficantes se han infiltrado en el poder judicial, y esa acusación que hago está comprobada. O son antiguos defensores de guerrilleros y ex terroristas. Luego hay otro asunto grave: ¿No soy yo militar y no actué como tal durante los hechos del Palacio de Justicia? Entonces, pregunto: ¿por qué soy juzgado por la justicia ordinaria?  ¿por un poder ajeno a mi fuero militar? Es una situación absurda e injusta, pues me deja desprotegido y en manos de magistrados que muchas veces tienen una trayectoria política muy poco independiente. No son neutrales políticamente hablando, sino que tienen intereses claros y conexiones con la guerrilla. Incluso el presidente de la República de entonces, Belisario Betancur, en un discurso emitido en televisión después de los hechos,  asumió la responsabilidad de la acción militar. Se han violado numerosos preceptos, incluso que se me juzgue por un delito, el de la desaparición forzada, que no existía en el año 1985. Algo que contraviene todas las normas jurídicas nacionales e internacionales, una auténtico atropello. Aquí se han violado todas las Leyes y la Constitución colombianas.

R.A.:¿Cree que con su nuevo equipo de defensa y tras las últimas revelaciones conseguirá sortear los últimos obstáculos y salir libre?

A.P.: Mis expectativas son positivas y buenas. Espero que la Corte Suprema de Justicia sea más ecuánime y justa. Yo no tengo miedo a ningún juicio, pues tengo mi conciencia muy tranquila, y lo único que temo es el sesgo de los magistrados y jueces, que no actúen limpiamente. Pero creo que, llegado a este punto, los magistrados de este caso sí van a llegar a una resolución justa de mi causa, así lo espero.

Quiero destacar que se me tiene condenado por una supuesta declaración que es un documento de cuatro páginas y en el cual el nombre del declarante no coincide con el número de su identificación. El nombre del declarante está errado en seis lugares. La firma estampada no es la del testigo. Contiene no  solo numerosas inexactitudes, sino un sartal de mentiras, ya comprobadas como tales. Dicen que fue un error de mecanografía, ¿cómo se puede uno creer eso en seis ocasiones dentro del mismo documento? Y luego los datos biográficos de este testigo son falsos, es un todo un conjunto de mentiras y vulgares farsas. Se me condena con documentos que no contienen una lógica y no pueden constituir por sí mismos una prueba rigurosa y documentada. Y lo más grave: en los proceso contra el general Arias Cabrales la Juez descarta este testimonio por falso, en el proceso contra el General Iván Ramírez la juez también lo descarta como prueba de cargo, establece que no es una prueba válida, y en mi proceso la Procuraduría lo objeta calificándolo como deleznable, sin embargo a mi me condenan. Donde está la igualdad ante la ley?

R.A.:¿Se ha sentido bien tratado por la sociedad colombiana en estos años?

A.P.: Yo me he visto protegido y apoyado por el país nacional, al decir de Ortega y Gasset, por la gente que sabe que soy inocente. El común de las personas de este país sabe que soy víctima de una injusticia. La gente que me conoce, que es mucha, sabe que soy un hombre decente y honrado y no soy el genocida que pretenden presentar algunos. El país político es otra cosa. Muchos de los políticos de este país, y algunos jueces, se pasan por encima las buenas costumbres, la moral y, lo que es más grave, también la verdad. Entonces, si lo que hace el coronel Plazas no es bien recibido en la extrema izquierda, presente en las decisiones políticas de este país, me sacan de la vida pública porque no soy favorable a sus intereses y no me pliego ante su discurso.

El coronel Plazas se acabó convirtiendo en un problema para los narcotraficantes, ya que les quité mucho dinero durante mis años en la lucha desde la Dirección de Estupefacientes. Les gané muchos pleitos de Extinción de Dominio y les golpeé en lo que más le duele: sus propiedades. No se olvide que también hay muchos políticos colombianos que son financiados y apoyados por el narcotráfico, esa es una realidad de nuestro país que no se puede ocultar. Lo mismo ocurre con algunos miembros del poder judicial. Es triste pero sucede. Hay varios en la cárcel.

Yo soy una víctima de esa conspiración y alianza entre los narcotraficantes y algunos responsables del poder político, pero de la misma forma me siento bien recibido y apoyado por la ciudadanía y numerosos columnistas de los medios de comunicación que han escrito a favor de mi caso. Al principio, los medios fueron engañados por algunos sujetos de dudoso proceder y por falsos testigos, como (el ya citado Edgar Villamizar, cuya declaración ya ha sido desautorizado y puesto en evidencia Ojo esto no es cierto. Villamizar no es un falso testigo. Sencillamente fue suplantado por un libreto que la propia fiscalía se inventó. La Fiscal que me acusó está en investigación preliminar por los delitos de Falsedad ideológica en documento público, Prevaricato y Fraude Procesal. Villamizar se ha presentado ante el Procurador General de la Nación y luego ante el Juez 55 penal de Bogotá y ha manifestado que la declaración con la que me condenan no la suscribió él. Que no me conoce, que no estuvo en los hechos de Palacio de Justicia, porque estaba en el Departamento del Meta a 300 kilómetros de Bogotá y que vio los acontecimientos por televisión). Sus afirmaciones han sido consideradas, claramente, como “deleznables”. Ojo, las declaraciones deleznables son las del libreto montado por la fiscalía, puestas en boca de Villamizar, pero él nunca las dijo.

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