¿TERRORISTA QUINDIANO, O VÍCTIMA DE LA INJUSTICIA?

¿Terrorista quindiano, o víctima de la injusticia?

Esa es la historia de Josué Martínez. Ese es su padecimiento. Este es el proceso kafkiano de un compatriota que se atrevió a opinar y decir que a los terroristas y sus aliados se les debería aplicar su propia medicina

Por Ricardo Puentes Melo
Agosto 19 de 2017
@ricardopuentesm
ricardopuentes@periodismosinfronteras.com

¿Recuerdan al hombre barbado, con apariencia de Harlista, que, según Noticias UNO, estaba amenazando de muerte a Juan Manuel Santos, y diciendo que ya se tenían identificados políticos para “iniciar la cacería”?

Fueron unas declaraciones muy fuertes, por supuesto, pero al comparar el video de Noticias UNO con el original publicado en Facebook, fue evidente la mala fe del noticiero. Así que nos dimos a la tarea de averiguar por él, por este video, por su captura en Bolivia.

Su nombre es Josué Martínez Loaiza, y no es el vago desocupado que los medios quieren mostrar; es un empresario cuyo padre fue presidente del Comité de Cafeteros del Quindío, hombre muy apreciado y querido en la región.

Josué, el del video, tiene dos hijos estudiantes universitarios que hoy viven muy preocupados por su seguridad personal debido a la persecución descomunal del gobierno de Santos derivada del viral audiovisual. “Hasta eliminaron su Facebook debido al matoneo en sus universidades”, nos dice nuestra fuente. “Ahora son objetivo de guerra de las FARC. Lo que hizo Noticias UNO fue muy grave”.

El Portal Las 2Orillas publicó el video completo y Noticias UNO lo editó de tal manera que parecía un llamado preciso a atentar contra la vida de Santos y otros políticos. Julio Sánchez Cristo le hizo una entrevista, pero el noticiero de Daniel Coronell jamás lo contactó, solo buscaron desdibujarlo y colocarlo como trofeo de la guerra de la izquierda.

Si bien las declaraciones de Josué fueron muy fuertes, en ningún lugar vimos que su video fuera un llamado a asesinar ni a Santos ni a sus políticos, ni siquiera a las FARC. Es, en cambio, una reflexión de lo que suele suceder en este tipo de acuerdos donde no hay justicia y los terroristas son indultados mientras que las víctimas son aplastadas. Es, desde todo punto de vista, una meditación válida.

Acá está el video:

Carlos Gaviria, el izquierdista magistrado, fue honrado en vida por haber dicho que asesinar colombianos, por cuestiones políticas, era un acto altruista. Pero a Josué Martínez no le fue tan bien por contar que los terroristas igualmente podían ser objeto de terror; solo dijo “suele suceder”, y todo el aparato estatal y la izquierda continental se le vino encima.

Habiendo sido intendente de la Policía Nacional, donde diseñó y montó toda la red de emisoras de esa institución, se retiró voluntariamente porque denunció

la corrupción reinante en Guainía y, en cambio de investigar, los mandos quisieron sacarlo por la puerta trasera. Lo que Josué no sabía era que el Procurador regional de Guainía había sido profesor del comandante de la Policía en Guainía, e íntimos amigos. Y que en esos días empezó a correr una investigación en la Procuraduría de la cual jamás le informaron. Estando en Telemática, la Dirección de la Policía decide enviarlo a Nariño, donde enviaban a los uniformados para castigarlos, ya que era zona roja bajo hostigamiento de las FARC, así que Josué se retira voluntariamente. Los documentos que mostraron en los medios, acerca de una destitución en el 2010, por tanto, son falsos o adulterados.

Desde el 2009, se le ocurre entrar al negocio de la minería, pero como éste era controlado por las FARC y los narcotraficantes brasileros, acepta la propuesta de unos norteamericanos, de irse a Bolivía. Habiendo aprendido sobre el tema con los indígenas, y poseedor de un talento innato para hallar yacimientos, que complementó consagrándose al estudio del tema, los americanos le encomiendan el trabajo de buscar estaño en una región boliviana. En junio de 2010 Josué empieza su vida desde ceros en ese país.

Este año, ya con su vida bien resuelta y cómoda, estaba preparando un viaje a Suráfrica, Zimbawe y Namibia para asesorar varias empresas mineras. Durante estos pocos años, Josué Martínez acumuló una reputación como experto en tantalio, niobio y lantánidos, que lo sumergió en el mundo de los negocios de ese exclusivo nivel. Con este viaje estaba dando los toques finales, también para producir su diseño modificando generadores de energía, un viejo sueño para suministrar energía gratis -o a un bajísimo costo- con un aparato que no supera el tamaño de una mesa pero que genera 5.000 KW, lo necesario para un hogar cómodo. No necesita mantenimiento y funciona con neodimio.

Pero, el 4 de abril de 2017, indignado con las matanzas de policías por parte de las FARC, en esos días, y adolorido de ver cómo el gobierno entrega el país y las fuerzas militares y de policía en manos del terrorismo, Josué Martínez toma su celular y graba el mensaje que todo el mundo conoce.

La izquierda necesitaba de una excusa para contrarrestar la mala imagen ocasionada por la carnicería de la subversión armada que se ensañaba -aún- con nuestros soldados y policías. La prensa afín a los bandidos de las FARC y el ELN, que buscan tapar el accionar de esas bandas, aprovecharon el papayazo que les brindó Josué, y lo crucificaron sin darle la oportunidad de defensa. Hasta Iván Cepeda, ficha de las FARC en el Congreso, hizo un show en el recinto y acusó al uribismo de estar poniendo en marcha un “plan pistola” para acabar -dijo él- con los “gestores de paz”, incluido el mismo Cepeda. La prueba reina del complot del uribismo era, según Cepeda, un carné de afiliación de Josué al Centro Democrático, partido del ex presidente Álvaro Uribe Vélez; un carné que es entregado por correo electrónico a quien se afilie, pero que no demuestra militancia de nadie, y menos de Martínez que vive hace muchos años fuera del país. Y dijo Cepeda, además, que pediría de inmediato la extradición de Josué Martínez al gobierno de Bolivia, de la misma orilla ideológica de Cepeda y los bandidos marxistas.

El video, satanizado por los terroristas y sus cuadros políticos, no es ni más ni menos que la opinión de un colombiano del común que se pregunta, como ya lo explicamos, qué pasaría si a los terroristas y sus aliados se les aplica la misma clase de terrorismo con el que ellos han azotado al país durante décadas. Pero, como no fue el pillo y difunto magistrado de izquierda, Carlos Gaviria, quien lo dijo, sino un colombiano del montón, y anticomunista, pues ahí fue Troya.

Después de las amenazas del congresista fariano, es apenas lógico deducir que Iván Cepeda, señalado de comprar testigos falsos para usarlos contra el uribismo, puso en marcha toda su malévola maquinaria y recurrió a todos los contactos internacionales y dentro de la justicia colombiana, cooptada por esa ideología de izquierda, para aplastar al ex policía y hoy empresario, Josué Martínez.

El itinerario del montaje. Las 2Orillas, portal cuyo propietario es León Valencia, terrorista indultado del ELN, publica el video que, de inmediato se viraliza, el 11 de abril. Un amigo le envía, ese mismo día, martes de semana santa, la noticia de las 2Orillas. Preocupado por las acusaciones que le hace el portal, ese mismo 11, antes delas 7pm se va hasta el consulado colombiano, a la espera de que el cónsul lo reciba por el caso de gravedad del asunto. Pero nadie abrió.

Regresa el 12 a las 9 am y tampoco abren. El 13, jueves de semana santa, regresa y un vecino le dice que el consulado está de vacaciones y le muestra un pequeño aviso fijado en la pared donde se anuncia atención hasta después de semana santa.

Entonces, el día 14, Josué decide ir a Interpol, sabiendo, como policía que fue, que esto podría generar una boleta de captura internacional. Se entrevista con el subdirector de Interpol, y ellos le dicen que está bien que haya ido, y le piden que regrese el día 17 para que entregue por escrito las razones de su declaración.

El domingo 16 abril, Noticias UNO emite el video totalmente editado. Señala a Josué de terrorismo y asegura que es un activista del Centro Democrático. Entrevistan al general Nieto, director de la Policía Nacional y éste asegura que Josué puso en riesgo la seguridad nacional y que hizo uso indebido de las redes. Noticias UNO publica la dirección de la casa de Josué en Santa Cruz y, al hacerlo, desde ese día lo pone en grave riesgo, objetivo militar en un país con un gobierno amigo de narcotraficantes y terroristas colombianos.

El 17, Josué regresa a la Interpol, deja su documento, y luego se dirige al consulado donde radica una copia del mismo oficio. Allí le dicen que el cónsul sigue de vacaciones.

El 18 de abril, luego de que Iván Cepeda amenazara con la extradición de Josué Martínez, la policía boliviana llega a la casa, en un exclusivo condominio en Santa Cruz. Josué no estaba allí, y cuando arriba en uno de los vehículos de su propiedad, se entera de que la policía ya ha ingresado a su casa, de una manera abusiva y sin mostrar ninguna orden judicial. Todos los medios de comunicación de Santa Cruz estaban presentes. Un hombre que dice ser teniente de la Policía, dirige el operativo. Se llama José Agustín Torres Álvarez, y, a las 4 de la tarde conduce a Josué hasta la central de la Policía en el Segundo anillo, zona de Cristo redentor. Una vez allá, lo despojan de teléfonos, documentos, etc., y lo esposan para luego amedrentarlo con golpes. Lo someten a un interrogatorio donde cinco personas, todas de civil, quieren que confiese que él es un terrorista que dirige un grupo para asesinar a Santos, a los políticos de izquierda y a las FARC. En los interrogatorios hay un colombiano que nunca habló, y también se encuentra un cubano, miembro del G2, que era el más agresivo de todos.

A las 7pm u 8 pm a Josué lo dejan hablar personalmente con su esposa, pero le niegan hablar con el abogado, que también estaba en la estación. A ella le dicen que van a llevar a otro lado a Josué y, ante la angustia de la señora, que quiere saber para dónde se lo van a llevar, los hombres la sacan a empujones de la estación. A partir de este momento, Josué queda desaparecido para su familia.

Nuestros colaboradores en Bolivia investigaron y encontraron que luego, varios hombres armados hasta los dientes lo sacaron del lugar donde estaba y, luego de darle varias vueltas -seguramente para que perdiera el sentido de la orientación- lo entraron a una casa en el cuarto anillo,, vía Cotoca. Allí lo presionan para que confiese que es un terrorista “paramilitar”. Durante horas lo someten un intenso y agotador interrogatorio, pero Josué se niega a aceptar ser un terrorista o, siquiera, un instigador del terrorismo. Entonces, los captores le hacen firmar unos documentos en blanco, un “Acta de requisa personal” donde está ya la firma de un supuesto testigo, estudiante, de nombre Abdón Mendoza Flores, identificado con documento de identidad boliviano # 4677378 de Santa Cruz. Un “testigo” que nadie vio, que no fue testigo de nada. Y también estaba la firma de José Agustín Torres Álvarez

Luego lo hacen firmar un Acta de lectura de garantías de derechos constitucionales, firmado previamente -también- por Addón Mendoza y José Agustín Torres, donde se dice que se estaba siendo aprehendido por actos hostiles. Pero nunca hubo denuncia que acompañara esa acusación. Josué firma y luego le pasan otra acta de “aprehensión por la policía” sin firma de testigo (que es obligatorio), solo con la firma del teniente. Se lo hacen firmar a las horas de la madrugada del día 19. Irregular, totalmente. Un falso positivo judicial boliviano.

Un altísimo oficial de Bolivia le dijo a Periodismo Sin Fronteras que lamentaba todo lo que le habían hecho a Josué. Que no le habían encontrado ni siquiera una infracción de tránsito. Tan cierto es eso que en un país gobernado por el comunista Evo, si le hubieran encontrado algo, estaría en una mazmorra encadenado.

Luego del interrogatorio y las firmas de esas extrañas actas, el día, el 19 de abril, a las 10 u 11 am, lo llevan a la carceleta en Fiscalía de la radial 17 y medio, de Santa Cruz. Cuando lo van conduciendo al calabozo, allí Josué alcanza a ver al fiscal que le señalan que es quien lleva su caso. Se trata de Marcelo Delgadillo Montellano, un corrupto fiscal que luego sería destituido. Allí, Josué Martínez, encadenado y conducido a empujones, le pregunta gritando al fiscal por la presencia de autoridades colombianas en su proceso. El fiscal Delgadillo ni lo mira. Los policías empujan a Josué al calabozo y le dicen, bajo amenazas, que no hable con nadie. Ni siquiera con su abogado. Le dicen que se quede callado o sufrirá consecuencias muy graves.

A la una de la tarde, le dicen que haga una declaración informativa policial. Allí ya está el abogado. Imprimen el documento y lo firman. Josué se percata de que allí aparece un espacio en blanco que debe firmar el investigador, sin nombre ni nada. Posteriormente el policía José Agustín Torres Álvarez firmaría allí y colocaría su nombre, incompleto y sin identificación.

Un mes después se descubriría que el mismo José Agustín Toores que lo captura, es quien lo denuncia y quien lo investiga, algo absolutamente irregular. Igual, en el expediente, de manera anómala, añadieron cosas y falsas pruebas.

Después de las firmas, lo vuelven a meter al calabozo y. a las 8 pm., por orden del fiscal, lo sacan, y lo llevan a su presencia. Al fiscal Delgadillo lo acompaña una joven de quien no se sabe nada. En presencia del abogado, el fiscal le ordena a Josué que firme un acta de información, la notificación, una petición de asistencia consular para el detenido extranjero, ya que -le dijeron- ese documento debería presentarse el cónsul colombiano de Santa cruz. Martínez lo firma diciendo que solicita ese acompañamiento consular, con fecha del 19. El fiscal se lleva el documento, después de que lo firman todos. Y a Josué Martínez lo llevan al calabozo de nuevo. Esto es importante tenerlo en cuenta para lo que viene después.

El día 20 lo llevan ante el juez Pablo Vargas Pizarro, Juez 7 de instrucción penal, quien también sería destituido posteriormente. En el camino, le dicen que no hable con los medios y le hacen firmar un documento. Lo sacan a las 9 y 20 y a las 9 y 40, antes de entrar al juicio lo hacen firmar otro documento donde le daban casa por cárcel, con el compromiso de presentarse todos los viernes a la fiscalía, no podía hablar con nadie del caso, ni opinar en redes ni nada. Y también le prohíben comunicarse con alguien de Colombia. Josué lo firma pero no le entregan copia.

Desde el momento en que Josué Martínez entra donde el juez, se da cuenta de que eso es una obra de teatro. No hay denunciante, ni nadie. Solo están el fiscal, juez, la secretaria de juez, el abogado y Martínez; y los medios de comunicación. No estaban ni el defensor del pueblo, ni el representante de cancillería colombiana que Josué había solicitado. Tampoco no estaba los policías que hicieron el procedimiento. Una farsa total.

El juez le da la palabra al ministerio público, ¡pero quien habla es el fiscal! Un montaje. Cuando el fiscal, que también funge como “ministerio público” está hablando, Josué se da cuenta de que su abogado y el fiscal se escribían por WhatsApp, el fiscal. El fiscal le escribe al abogado de Josué que no vaya a permitir que hable. Josué le reclama a su abogado y éste le dice que todo es para bien, que no vaya a hablar si es que quiere que le den casa por cárcel. El abogado también le dice “esto ya está arreglado”, mientras, con los dedos, le hace el típico gesto de dinero.

Martínez se queda callado, sabe que está en manos de esa mafia judicial. En un momento, le llega otro mensaje del Fiscal al teléfono del abogado. Josué se lo rapa y lee. El fiscal le está pidiendo al abogado que le oculte el expediente. Sin aguantar más, Josué le quita el expediente a su abogado. En ese momento todos guardan silencio y se miran entre sí.

Entonces, Josué Martínez se da cuenta de todo: que su abogado es íntimo amigo del fiscal, que el documento que firmó para solicitar acompañamiento de la embajada colombiana está adulterado, y ahora dice que él se negó a la asistencia de la cancillería, y que otros documentos y “pruebas” son totalmente falsas. Josué pide la palabra y el juez se la concede, nervioso, porque nadie esperaba que hablara. Josué deja testimonio de todas las trampas y falsedades tanto en su detención como en ese expediente lleno de documentos adulterados. El juez no dice nada frente a eso, dicta la sentencia, y manda a Josué a la cárcel, a esperar la sentencia final.

Ese día 20 de abril le dan seis meses de cárcel mientras dura la investigación, dentro de un caso que puede llevar 3 años. Eso, mientras se define si lo envían a un centro penitenciario.

Este proceso contra Josué Martínez está lleno de suciedades. En un país controlado por la izquierda, con un gobierno aliado con los terroristas de las FARC, la situación no es fácil para Josué Martínez. Ni siquiera la tal circular roja de Interpol está libre de toda duda. Según el documento que se encuentra en el expediente, el 19 de abril, a las 9 y 10 de la mañana, la fiscal Ana Fabiola Castro Rivera solicitó a Iván Carvalho M, boliviano, la captura de Josué. Y para eso le anexa copia de la orden de captura emitida por el juez 68 penal municipal con funciones de control de garantías, Gabriel Lara Garzón, de Colombia. Y la circular de Interpol la firma Angélica Rossana Padilla Liscano, de la secretaría General de Interpol. Muy raro, porque el día 20, el ministro de Defensa, Villegas, dijo que había solicitado la circular azul, según el Portal Minuto 30. Pero la que llega el 20 es roja, que es destinada a personajes de extrema peligrosidad.

La circular de Interpol dice que los hechos sucedieron en Bogotá, Colombia, el día 9 de abril. Otra mentira, porque Josué Martínez no estaba en Bogotá sino en Bolivia, como vimos. ¿Por qué se presta la Interpol para esto?

La circular dice que Josué pone en riesgo la seguridad nacional y que tenía un plan para “cazar pacifistas”. Pareciera que esa “circular roja” la hubieran redactado desde las oficinas de Noticias UNO, no en una sentencia judicial, producto de una investigación. Porque no hubo ninguna investigación, como vimos.

Otra cosa: Lo capturan el 18 de abril, pero la “circular” sale el 19. ¿Entonces con qué pruebas lo capturan? ¿Bajo órdenes de quién? ¿Del mismo Evo Morales, el amigote de las FARC y de Santos?

Muy raro.

El día 25 de abril, ya estando Josué en su casa, preso, siendo las 11 y 50 de la mañana, llega una persona que dice llamarse María Esther Bolívar Gutiérrez, que dice ser abogada del consulado colombiano en Santa Cruz. No enseña acreditación ni identificación alguna, a pesar de que Josué se la solicita. Solo enseña un carné profesional emitido por el gobierno de Bolivia, que la acredita como abogada. Le deja unos documentos oficiales del gobierno de Colombia y sale casi huyendo de ahí, sin contestar ninguna pregunta ¿Qué hacía esta ciudadana boliviana con documentos oficiales del gobierno colombiano? Nadie lo sabe tampoco.

Josué Martínez sigue hoy bajo detención domiciliaria, abandonado por el gobierno de Juan Manuel Santos, a merced de Evo Morales. Por fortuna, los medios de comunicación allá averiguaron por la trayectoria suya en ese país, y comprobaron que es un hombre que vive ayudando a la comunidad, comprometido con el bienestar de los menos favorecidos. Nunca ha tenido ni un parte de tránsito, ni una queja de un vecino. Nada. Es un ciudadano ejemplar y así lo atestiguan quienes lo conocen

Esa es la historia de Josué Martínez. Ese es su padecimiento. Mientras en Colombia los medios de comunicación lo destrozaron sin darle la oportunidad de explicar, y sin averiguar nada -solo las acusaciones de terrorista que le hizo el portal las 2Orillas y Noticias UNO, los medios en Bolivia han publicado las irregularidades de ese proceso kafkiano de este compatriota que se atrevió a opinar y decir que a los terroristas y sus aliados se les debería aplicar su propia medicina.

Ni siquiera Josué Martínez dijo lo mismo que el marxista Carlos Gaviria, quien aseguró que asesinar personas por móviles políticos era altruismo.

Pero como Josué no es un hampón de izquierda, sino un hombre trabajador, que sufre por el destino de Colombia, lo tratan como un terrorista.

Así estamos