“RECHAZAREMOS LOS ELECTORES DE LOS ESTADOS EN DISPUTA”: CONGRESISTAS REPUBLICANOS

Tomado de la página del Sen. Ted Cruz.

Traducción PSF.

WASHINGTON, DC – Los senadores estadounidenses Ted Cruz (R-Texas), Ron Johnson (R-Wis.), James Lankford (R-Okla.), Steve Daines (R-Mont.), John Kennedy (R-La. ), Marsha Blackburn (R-Tenn.), Mike Braun (R-Ind.), Ylos senadores – funcionarios electos Cynthia Lummis (R-Wyo.), Roger Marshall (R-Kan.), Bill Hagerty (R-Tenn. .) y Tommy Tuberville (R-Ala.) hicieron la siguiente declaración antes del proceso de certificación del Colegio Electoral el 6 de enero de 2021:

“América es una República cuyos líderes son elegidos mediante elecciones democráticas. Estas elecciones, a su vez, están obligadas a sujetarse a la Constitución y a las leyes federales y estatales.

“Cuando los votantes deciden de manera justa en una elección, de acuerdo con el Estado de derecho, el candidato perdedor debe reconocer y respetar la legitimidad de esa elección. Y, si los votantes optan por elegir a un nuevo funcionario, nuestra nación debe tener una transferencia de poder pacífica.

“Las elecciónes de 2020, como las de 2016, fueron muy reñidas y, en muchos Estados indecisos fueron decididas por un estrecho margen. Sin embargo, las elecciones de 2020 incluyeron acusaciones sin precedentes de fraude electoral, de violaciones y de laxitud en la aplicación de la ley electoral, y otras irregularidades en la votación.

“El fraude electoral ha planteado un desafío persistente en nuestras elecciones, aunque su amplitud y alcance aún son discutidos. De cualquier manera, las acusaciones de fraude e irregularidades en las elecciones de 2020 superan todo lo visto en nuestras vidas.

“Y estas acusaciones no son creídas únicamente por un solo candidato. De hecho, son mucha gente las comparte. Las encuestas de Reuters / Ipsos trágicamente muestran que el 39% de los estadounidenses creen que la elección fue amañada. Esta creencia la comparten los republicanos (67%), los demócratas (17%) e los independientes (31%).

“Algunos miembros del Congreso no están de acuerdo con esa evaluación, al igual que muchos miembros de los medios de comunicación.

“Pero, lo crean o no nuestros funcionarios electos o periodistas, esa profunda desconfianza en nuestros procesos democráticos no desaparecerá mágicamente. Esto debería preocuparnos a todos. Y representa una amenaza constante para la legitimidad de cualquier gobierno posterior.

Sabemos que la mayoría de los demócratas, si no todos, y quizás más de unos pocos republicanos, votarán de otra manera

En el mejor de los casos, los tribunales habrían escuchado los testimonios y resuelto esas acusaciones de fraude electoral grave. En dos ocasiones, la Corte Suprema ha tenido la oportunidad de hacerlo; dos veces la Corte se negó.

“El 6 de enero, le corresponderá al Congreso votar sobre la certificación de los resultados de las elecciones de 2020. Esta votación es el único poder constitucional que queda para examinar y forzar una resolución de las múltiples denuncias de fraude electoral grave.

“En esta sesión conjunta cuatrienal, existe un largo precedente de miembros demócratas del Congreso que plantearon objeciones a los resultados de las elecciones presidenciales, como lo hicieron en 1969, 2001, 2005 y 2017. Tanto en 1969 como en 2005, un senador demócrata se unió a un miembro demócrata de la Cámara para forzar los votos en ambas cámaras sobre sobre si aceptar o no que los electores presidenciales sean desafiados

“El precedente más directo sobre este tema surgió en 1877, luego de serias acusaciones de fraude y conducta ilegal en la carrera presidencial Hayes-Tilden. Específicamente, las elecciones en tres Estados (Florida, Luisiana y Carolina del Sur) se llevaron a cabo de manera ilegal.

“En 1877, el Congreso no ignoró esas acusaciones, ni los medios descalificaron a quienes plantearon esto como si fueran simples radicales que intentaban socavar la democracia. En lugar de eso, el Congreso nombró una Comisión Electoral, compuesta por cinco senadores, cinco diputados y cinco magistrados de la Corte Suprema, para revisar y resolver las imputaciones.

“Deberíamos seguir ese precedente. Es decir, el Congreso debería nombrar inmediatamente una Comisión Electoral, con plena autoridad investigadora y de determinación de hechos, para realizar una auditoría de emergencia de 10 días de los resultados electorales en los Estados en disputa. Una vez finalizada, cada Estado evaluaría los hallazgos de la Comisión y podría convocar una sesión legislativa especial para certificar un cambio en su voto, si fuese necesario.

“En consecuencia, tenemos la intención de votar el 6 de enero para rechazar a los electores de los Estados en disputa como no ‘entregados regularmente’ ni ‘legalmente certificados’ (es requisito legal), a menos y hasta que se complete la auditoría de emergencia de 10 días.

“No somos ingenuos. Sabemos que la mayoría de los demócratas, si no todos, y quizás más de unos pocos republicanos, votarán de otra manera. Pero el apoyo a la integridad electoral no debe ser un tema partidista. Una auditoría justa y creíble, realizada de manera expedita, antes del 20 de enero, mejoraría drásticamente la confianza de los estadounidenses en nuestro proceso electoral y mejoraría enormemente la legitimidad de quien se convierta en nuestro próximo presidente. Le debemos eso al pueblo.

“Estos son asuntos dignos del Congreso y que se nos ha encomendado defender. No tomamos esta acción a la ligera. Actuamos no para frustrar el proceso democrático, sino para protegerlo. Y todos debemos actuar juntos para garantizar que la elección se llevó a cabo legalmente bajo la Constitución y hacer todo lo posible para restaurar la fe en nuestra democracia “.